Organizaciones Defensoras de Derechos humanos denuncian impunidad en los casos de los defensores
Un nforme señala que cerca de 30 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado según reporta el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
La Impunidad y las agresiones verbales por parte del gobierno contra los defensores de Derechos Humanos, son algunas de las causas por las cuales se propician los casos de violencia contra los Defensores, según lo señala el último informe de la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de derechos Humanos.El informe señala que cerca de 30 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado según reporta el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.En el informe se documentan 168 casos representativos de homicidios y/o desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos entre el 2002 y el 2006.Roberto Garretón, experto chileno en derechos humanos dijo que la situación de Colombia no ha cambiado mucho en los últimos años."Uno de los puntos que se destaca en el informe tiene que ver con la impunidad de los casos de los defensores" dijo.El experto chileno manifestó que la situación se agrava por la agresividad verbal por parte del gobierno hacía los defensores de derechos humanos"Del presidente Alvaro Uribe y de otras autoridades del gobierno, el Ministro de Defensa en Chile, y en el extranjero ante un diario suizo y ante el parlamento europeo" agregó Garretón.Roberto Garretón señaló que la situación de los periodistas y la de los defensores de derechos humanos es la más crítica en materia de seguridad en el país."Es necesario que los periodistas tengan mayor solidaridad en las denuncias de violaciones a los derechos de los defensores, ya que los periodistas también son víctimas y presentan caso de impunidad" dijo.El experto aseguró que el riesgo de los defensores no ha disminuido durante 2007, como lo asegura el Gobierno.El informe recomienda ante la impunidad tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y sicológica de todos los defensores de los derechos humanos en Colombia.




