Amnistía Internacional afirma que los paramilitares siguen delinquiendo

Amnistía Internacional denunció en su informe anual sobre los derechos humanos que persisten en Colombia "graves abusos" sobre esas libertades y advirtió de que, pese a las enmiendas a la Ley de Justicia y Paz, "seguía preocupando" que su aplicación "agravara la impunidad".
Durante la primera mitad de 2006, "más de 770 civiles murieron o fueron víctimas de desaparición forzada", dice AI, que señala que "si bien descendió" el número de personas desplazadas por el conflicto, 219.000 en 2006, mientras en 2005 fueron 310.000, la cifra global "sigue siendo elevada".
Las guerrillas de las FARC y el ELN "fueron responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad", afirma el informe presentado en Londres, que agrega que "hubo nuevos ataques" contra sindicalistas y defensores de los derechos humanos "principalmente cometidos por grupos paramilitares".
AI asegura también que tuvo datos de "ejecuciones extrajudiciales perpetradas" por miembros de las fuerzas de seguridad.
En un pormenorizado informe, AI cita el fallo de la Corte Constitucional contra aspectos de la Ley de Justicia y Paz -que rige el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares-, y el decreto del Gobierno sobre su aplicación.
Aunque la ley "había sido enmendada" considerando las críticas hechas por la Corte, "seguía preocupando que se agravara la impunidad y negara a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación".
En referencia al decreto del Gobierno, Amnistía considera "especialmente preocupante" la inclusión de "programas de 'reinserción rural', porque reunirían en proyectos agroindustriales a "campesinos, desplazados y paramilitares desmovilizados" y, según se apliquen, "podría legalizarse la propiedad de las tierras" tomadas por paramilitares.
La organización recuerda que el Gobierno trasladó a 59 dirigentes "paras" a una cárcel de alta seguridad y que se creó la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General, "para que investigase los abusos cometidos contra los derechos humanos" por quienes quieran acogerse a los beneficios de la citada Ley.
Pero advierte de que "a pesar de la supuesta desmovilización hubo pruebas concluyentes de que grupos paramilitares seguían actuando y cometiendo" violaciones de los derechos "con la aquiescencia o la connivencia de las fuerzas de seguridad".
AI agrega que "desde que los paramilitares anunciaron un 'cese de hostilidades' en 2002, se atribuyeron más de 3.000 homicidios y desapariciones forzadas de civiles a estos grupos".
Según Amnistía, "los escándalos relativos a vínculos entre paramilitares y miembros de alto rango de las instituciones del Estado amenazaron con socavar aún más la confianza en el Estado de Derecho", aunque refiere las primeras detenciones ordenadas por la Corte Suprema y las averiguaciones emprendidas por la Fiscalía General.
Las FARC y el ELN "continuaron cometiendo infracciones graves y reiteradas del derecho internacional humanitario, como la toma de rehenes y el homicidio de civiles", así como el reclutamiento por la fuerza de menores, denuncia el informe.
Estos grupos guerrilleros y "principalmente las FARC, fueron responsables de la mayoría de los secuestros relacionados con el conflicto" y se atribuyeron la autoría de unos 200 de los 687 que hubo en Colombia en 2006 (800 en 2005).
La organización denuncia también que los activistas sociales "siguieron siendo objeto de ataques, sobre todo por parte de los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad, pero también de los grupos guerrilleros. Más de 70 miembros de sindicatos murieron en 2006".
Amnistía Internacional, que cita numerosos casos de crímenes, agrega que "los combatientes continuaron matando, sometiendo a abusos sexuales, secuestrando y amenazando a mujeres y niñas".