El gobierno pide al Congreso facultades extraordinarias para reformar la Fiscalía y la Procuraduría

Facultades extraordinarias por seis meses, para reformar dos de los organismos más importantes del país, la Procuraduría y la Fiscalía pidió del Congreso de la República el gobierno nacional.
La reestructuración de las entidades, básicamente en su parte administrativa, operativa y en la planta de personal, demandará más de 40 mil millones de pesos.
Las facultades al gobierno serán otorgadas con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo al que se le "colgaron" nuevas propuestas y que deberá ser discutido y aprobado antes del seis de mayo por las plenarias de Cámara y Senado.
El coordinador ponente del Plan de Desarrollo, Gabriel Zapata dijo que los cambios a los dos organismos están fundamentalmente orientados a adecuar el trabajo que deben desarrollar frente a nuevas normas aprobadas por el Congreso de la República como la del régimen acusatorio, la Ley de Justicia y Paz y la del menor infractor.
Inicialmente el costo de la reforma a la Fiscalía, que contará con más fiscales, superará los 30 mil millones de pesos. El Ministerio Público contará con nuevos procuradores delegados. En el presupuesto nacional ya se le asignó una partida de 15 mil millones de pesos.
El senador Zapata informó que la suerte de la contribución cafetera dentro del Plan Nacional de Desarrollo no está definida.
En las plenarias se discutirán dos posiciones. Una que recomienda mantener en seis centavos de dólar por libra exportada el actual impuesto parafiscal y la otra, impulsada por el gobierno, que propone subirla a nueve centavos.
Los llamados "micos" como el relacionado con el Soat y la sobretasa de 20 dólares a la salida de colombianos al exterior, serán ratificados o negados también por las plenarias:
La ponencia del Plan de Desarrollo, que contempla inversiones en los próximos cuatro años por 228 billones 600 mil millones de pesos, fue radicada el martes con cerca de 40 nuevos artículos.
Entre las novedades se destaca la norma que permite la afiliación al sistema de protección social de los trabajadores de los niveles uno y dos del Sisben que laboran por días o por periodos inferiores a un mes.
Con el Plan se crearía un impuesto especial por el uso industrial del agua. La propuesta consignada en el nuevo articulado específicamente señala lo siguiente:
" Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos de 1.5% del valor total de la ejecución del proyecto para la recuperación preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica y las cuencas de la Amazonía y Orinoquía".