Se abre paso en el Congreso la reforma que endurece castigos por delitos menores

El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, celebró la aprobación en las comisiones primeras del Congreso del proyecto que modifica el código penal y de procedimiento penal, que busca endurecer los castigos para los delitos menores o de impacto social.
Iguarán destacó que en adelante los delitos de violencia intrafamiliar ya no requerirán de una querella, sino que el Estado asumirá de oficio esas investigaciones.
Destacó que a partir de la aprobación de este proyecto, se desmonta el beneficio de la casa por cárcel para delitos como el peculado, el cohecho, la estafa, el hurto agravado y calificado.
Dijo que se endurecen las penas para delitos de impacto social como el hurto de vehículos, el paseo millonario la compra y venta de autopartes robados y los delitos contra la administración pública.
En el proyecto se incluye un artículo que establece cárcel entre cuatro y ocho años para los miembros de los carteles dedicados al robo de cables de telefonía, tuberías de gas y contadores de energía y agua.
Violencia intrafamiliar no será delito excarcelable
La violencia intrafamiliar originará pena efectiva de prisión, a menos que la Fiscalía acepte el perdón de la víctima al agresor, según la modificación del Código Penal aprobada en primer debate en el Congreso de la República.
La iniciativa establece que toda agresión física entre los miembros de la familia tendrá penas efectivas de prisión superiores a cuatro años y que para la investigación de los hechos no se requiere la denuncia penal interpuesta por el agredido.
Sin embargo, se acepta el llamado 'principio de oportunidad' para que la fiscalía acepte el arrepentimiento, el perdón o el resarcimiento del hecho por parte del victimario, si así lo acepta el afectado.
El fiscal general, Mario Iguarán, dijo que en el año 2005 en Colombia solo fueron denunciados 60 mil casos de violencia intrafamiliar, de los cuales el 20 por ciento se realizaron contra menores de 14 años de edad.
Al respaldar que ese tipo de violencia se asuma de oficio por parte del Estado, el fiscal dijo que no se puede esgrimir que esa conducta depende de un factor cultural del colombiano, entre otras razones porque en la gran mayoría de los casos (el 70 por ciento) el agresor al menos ha estudiado la secundaria.
Al proyecto, que hace parte de una serie de reformas a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, solo le falta los debates correspondientes en las plenarias del Senado y de la Cámara para convertirse en Ley.