Víctimas del paramilitarismo: Entre el dolor y el miedo

Por Rocío Franco Moreno
Se llama El Guaimaro... Es un corregimiento de Tarazá, Antioquia, ubicado a 5 horas y media de Medellín por vía terrestre y lo conforma una especie de desierto rodeado de casas en las que sobreviven 60 familias de las cuales la mayoría son víctimas de los paramilitares.
Caracol Radio único medio de comunicación se dio a la tarea de observar de primera mano cómo se están haciendo las convocatorias a estas personas a la luz de la Ley de Justicia y Paz, herramienta que permite hacer las denuncias, resarcir a los familiares y ubicar a los desaparecidos.
En su empeño por encontrar a las víctimas, una comisión de la Fiscalía llegó al lugar luego de varias horas, y recurriendo a recursos que incluían megáfono, comenzaron a llamar a los habitantes a la Discoteca Leos, que a falta de salón comunal o un sitio apto para la diligencia, hizo las veces de sitio de reunión para que los afectados empezaran a denunciar.
Los habitantes del pueblo se mostraban desconfiados ante el grupo de investigadores y la única representante de un medio de comunicación, que iban a permanecer durante todo un día, recibiendo los testimonios... Pero la Fiscalía insistió.
En diálogo con Caracol Radio, uno de los habitantes del lugar, Alfonso Buitrago, dijo que prefiere perder los beneficios que contempla la ley antes que perder la vida.
Este hombre de tez morena y rodeado de dos niños que los interrumpen insistentemente contó que hace 10 años, tuvo que ver cómo un hombre fue asesinado por una deuda de 10 mil pesos; y cómo su padre fue desaparecido por defender a ese hombre y cómo su hermano luego fue asesinado. Pero esa no es toda su tragedia... Alfonso fue víctima del desplazamiento y del desarraigo total, luego de que hubiera tenido un salario estable y hasta su casa propia.
"Temo a las represalias y por eso es complicado hablar, ellos siguen delinquiendo" dijo Alfonso en una entrevista ofrecida de manera presurosa y escondiéndose de la vista de los desmovilizados que se encuentran en el pueblo.
Por su parte "Don Franco", un veterano campesino dijo someterse a dar su versión de la violencia que le tocó vivir ya que según él , más que "justicia, verdad o reparación " lo que pretende es desahogarse.
Dijo que hace siete años, su hijo fue torturado al parecer por miembros de las autodefensas; atado de pies y manos, arrastrado por un carro alrededor del pueblo y amenazado de muerte, nada más que se logró escapar sin que jamás pudiera volver a sus tierras junto con sus padres.
Luego de recordar ese doloroso episodio, don Franco concluyó: "Yo no quiero dinero porque el amor a él me puede volver malo".
La situación económica
Los campesinos de la región de Caucasia y Tarazá en Antioquia, donde tuvo influencia directa las autodefensas, alegan que no tienen de qué vivir ya que inicialmente lo hacían de la mina de oro o de la coca, que viene siendo erradicada con Glifosato por parte de las autoridades.
Los lugareños señalan que las fumigaciones han acabado los cultivos de coca que después de un tiempo vuelven a retoñar pero que terminan con los cultivos lícitos.
Así lo confirmó el inspector de policia del corregimiento El Guaimaro quien dijo que recibe gran cantidad de quejas por la afectación del glifosato, por lo que han solicitado al gobierno la erradicación manual de los cultivos de coca.
Un joven de la localidad, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que vive subiéndose a los transportes "a las malas" para poder llegar al pueblo y pedir trabajo que no hay.
"El presidente debería montar microempresas de pollos o cría de cerdos pero en la actualidad estamos mal ya que un cultivo de cacao que tenia se quemó por el Glifosato", contó a Caracol Radio.
"Mis sueños están embolatados; yo quisiera ser agrónomo o periodista, pues a mi me gusta el dialogo y son muy charros" agregó, con lo que quería explicar que los comunicadores le caían bien porque hablaban mucho y eran sencillo, y le caían bien.
La historia de la clínica
En medio de todo este dolor, de la incertidumbre, de la desolación y del miedo con que viven estas cerca de 300 personas, surge una imponente construcción: La clínica Nueva Luz, que se edificó con los dineros provenientes de la actividad del Bloque Mineros de las autodefensas al mando de Ramiro Vanoy conocido como Cuco Vanoy.
Está dotado con todo lo que requiere una buena clínica: laboratorio , zona estéril, quirófano, cinco habitaciones para dos personas cada una, sala de citologías, sala de recuperación, zona de ropas y cocina, entre otros, fue entregada simbólicamente a la comunidad.
Los habitantes de esa población le han pedido al alto comisionado de paz que intervenga para que la clínica pase a disposición del municipio y se evite que se caiga por el descuido y se cancele la deuda de tres millones de pesos que existe con la energía y que obligó a la suspensión del servicio
El líder comunal Rolando Ramírez, dijo a Caracol Radio que la comunidad ha tratado de mantener la clínica con una enfermera habitante del pueblo y el aseo se lo rotan entre los habitantes.
Ramírez pidió que se aclare quién tiene en estos momentos la administración de esta clínica, pra que sea entregado al municipio a fin de que funcione como un gran centro de salud.
En esta clínica se dice que fue atendido el propio Carlos Castaño cuando sufrió un atentado y que tanto él como otros comandantes de la AUC que recibían asistencia allí, llegaban rodeados de muchos de sus hombres de seguridad que se encargaban de vigilar el lugar.
La comunidad se quedó allí, pero venció sus temores y habló con los investigadores que con todo el material recopilado, esperan lograr la verdad, encontrar a los desaparecidos y poder judicializar al líder paramilitar de la región Ramiro Vanoy, quien es recordado por unos como un gran hombre por sus aportes a la comunidad, pero como un ser sanguinario y vengador por otros que sufrieron su crueldad.