Celeridad en el proceso de la 'parapolítica', le pide el gobierno a la Corte Suprema

El ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, le pidió a la Corte Suprema de Justicia, que defina a la mayor brevedad posible, la situación jurídica de los congresistas investigados por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.
En diálogo con Caracol Radio, el ministro señaló que espera que la actividad en el Congreso no se vea afectada por las investigaciones que adelantan la Corte Suprema y la Procuraduría, dentro del escándalo de la "parapolítica".
"Esperamos que el Congreso continúe sesionando y que los compromisos de los parlamentarios con el programa de gobierno, continúen siendo honrados, mientras ellos sigan en el ejercicio de sus funciones", indicó el ministro del Interior.
De otra parte, el ministro del Interior consideró como prematura la posibilidad de crear un nuevo impuesto para reforzar la reparación física a las víctimas del paramilitarismo.
Agregó que las personas que han sufrido la violencia por parte de las autodefensas, han hecho muy poca referencia a la reparación por medio de bienes.
La Procuraduría investiga a 11 congresistas por caso de parapolítica
El procurador general de la Nación, Edgardo Maya, anunció que mediante un trabajo de dos meses se logró la vinculación de 11 congresistas y ex parlamentarios a la investigación por supuestos nexos con las autodefensas.
Los investigados son el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, los congresistas Alvaro García, Jairo Merlano, Erick Morris, Mauricio Pimiento, Luis Vives, Dieb Malof, Jorge Luis Caballero, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade y Alvaro Araújo.
El procurador se declaró impedido para conocer el caso del senador Araújo, por tener vínculos familiares.
Maya Villazón dijo que, sin duda, continuará creciendo el número de personas que serán investigadas por esa entidad.
Aclaró que no serán investigados los políticos, mandatarios locales y congresistas que firmaron el acuerdo paramilitar de Santa Fe de Ralito, ya que este documento fue suscrito en el 2001 y en la actualidad las conductas ya tienen los términos vencidos.
Explicó que solamente si la firma de este documento compromete un delito de lesa humanidad, se podrá reabrir el caso.