La ex presidenta argentina ‘Isabelita’ Perón, detenida en su casa de Madrid

La policía ha detenido esta tarde a la ex presidenta argentina María Estela Martínez, viuda del general Juan Perón, en su domicilio de Villanueva de la Cañada (Madrid). Un juez argentino cursó la orden de captura internacional contra Isabelita Perón, en el marco de una causa por la desaparición de un joven durante su mandato. El magistrado considera a la mandataria argentina responsable de la firma de tres decretos que habilitaron la desaparición de varias personas.
El magistrado federal Raúl Acosta, de San Rafael (provincia de Mendoza, oeste de Argentina) envió un oficio a la Interpol (Policía internacional) solicitando la detención de Martínez con relación a estos hechos. "A la hora de la relación de los imputados con la causa, ella era mandataria del país. Las detenciones de San Rafael se produjeron en el marco de esos decretos y se hicieron por el Ejército y la policía de Mendoza", ha afirmado el juez en declaraciones a una radio local.
Tras la solicitud judicial, la Interpol inició el trámite en el que la orden se trasladaba a la sede europea de la Policía Internacional, situada en Lyon (Francia), y de allí a España y en concreto a Madrid, donde la ex presidenta argentina fijó su residencia hace años.
Una vez llegada la orden a Madrid, se puso en marcha el procedimiento para su localización, efectuándose la detención. 'Isabelita' Perón deberá comparecer ahora en la Audiencia Nacional para tramitar su entrega a Argentina.
María Estela Martínez, que al morir Perón en julio de 1974 le sucedió en la jefatura del Estado, reside a las afueras de Madrid. Acosta investiga la desaparición del joven Héctor Aldo Fagetti Gallego, el 25 de febrero de 1976, un mes antes del golpe militar que derrocó a Isabelita. De acuerdo con la investigación, el joven estuvo detenido en dos cuarteles del Ejército y fue visto por última vez el 10 de marzo de 1976.
"Eliminar a los elementos subversivos"
El juez considera que esa desaparición fue avalada por la firma de tres decretos en 1975 que habilitaron a las Fuerzas Armadas a "aniquilar el accionar de los elementos subversivos", lo que implicaría un acción de terrorismo de Estado. El abogado de María Estela Martínez, Atilio Neira, ha afirmado en declaraciones a Radio 10 de Buenos Aires que espera ver "cómo se resuelve la orden de detención librada" y ha señalado que aún no tuvo "ninguna comunicación" con la ex mandataria, de 75 años.
Dichos decretos fueron utilizados por las Fuerzas Armadas que derrocaron a María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976 para justificar sus acciones violentas durante la dictadura (1976-1983), durante la cual según datos oficiales desaparecieron unas 18.000 personas.
En la causa también están involucrados otros miembros del gabinete de Martínez, como el ex ministro de Trabajo Carlos Ruckauf; el ex ministro de Economía Antonio Cafiero; el ex canciller Manuel Arauz Castex; el ex ministro de Defensa Tomás Vottero; el ex titular de Bienestar Social Carlos Emery, y el entonces ministro del Interior Angel Federico Robledo, ya fallecido. Los tres decretos constituyeron un Consejo de Seguridad Interna y facultaron a los gobiernos provinciales a suscribir convenios que colocaban "bajo su control operacional" al personal y a los medios policiales y penitenciarios provinciales para su empleo inmediato en la lucha contra la "subversión".
También facultaron a las Fuerzas Armadas a "proceder a ejecutar las operaciones militares y de seguridad" que fueran "necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país".
La tenebrosa Triple A
Durante el tiempo en que ejerció su mandato -1974-1976- el "vacío de poder" se hizo cada vez más evidente y crecía en el país la violencia y el caos económico. Los Montoneros, fracción izquierdista del peronismo expulsada del partido por el propio general Perón en junio de 1974, y el trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo mataban a policías y militares, asaltaban comisarías y cuarteles. Mientras, la banda parapolicial ultraderechista Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la Triple A, cometía atentados contra dirigentes políticos, artistas e intelectuales y se enfrentaba con los grupos de izquierdas.
Precisamente, el pedido de captura del juez Acosta se produjo en momentos en que otro magistrado argentino, Norberto Oyarbide, analiza citar a declara a la ex presidente en el marco de una causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A, creada en 1973 por José López Rega, ministro de Bienestar Social y hombre fuerte del gobierno de la viuda de Perón.