Acciones judiciales contra directivos de Bancolombia no 'salpican' a la entidad

El superintendente Financiero, Augusto Acosta, envió un mensaje de tranquilidad para los usuarios de Bancolombia, luego del llamado a juicio de la Fiscalía al presidente de la entidad bancaria, Jorge Londoño Saldarriaga y su vicepresidente Federico Ochoa Barrera, por los presuntos delitos de estafa, utilización de fondos captados al público y operaciones no autorizadas con accionista, durante la fusión con el Banco Industrial Colombiano, en 1997.
En diálogo con Caracol Radio, Acosta dijo que "la Superintendencia Financiera garantiza tranquilidad total a los usuarios de Bancolombia, porque el llamado a juicio es contra dos personas naturales, y esto no se puede confundir con la solidez, la solvencia y el patrimonio que tiene la entidad bancaria".
"En el comunicado de la Fiscalía, se explica que es un proceso penal contra dos personas naturales, y en ningún caso se menciona que haya algún tipo de acción contra Bancolombia", agregó.
Augusto Acosta señaló que a pesar del llamado a juicio al presidente y al vicepresidente de Bancolombia, no hay posibilidades de que se presente una ruptura de la fusión entre el Banco Industrial Colombiano y el Banco de Colombia, operación financiera realizada en 1997.
El superintendente Financiero lamentó lo sucedido con Jorge Londoño y Federico Ochoa, por tratarse de dos personas importantes para el sector bancario, pero se declaró profundamente respetuoso con las determinaciones que tome la justicia colombiana frente a este caso.
Indicó que la junta directiva de Bancolombia está analizando la situación, para tomar las decisiones que más le convengan a la institución, frente al cambio en la presidencia y la vicepresidencia de la entidad bancaria.
El fiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago, dijo que el presidente y vicepresidentes del Bancolombia tienen la posibilidad de apelar el llamado a juicio en una segunda instancia.
Mendoza Diago afirmó que si pasado el tiempo, no se procede a contradecir la determinación del fiscal anticorrupción, el proceso será puesto a disposición de un juez que iniciará la audiencia pública.