Celulares ponen en vilo la prórroga de la ley de orden público

El registro policivo de quienes venden minutos de telefonía celular, dividió a los conciliadores del proyecto que prorroga la ley de orden público y de pasó dejó en vilo la aprobación de esa iniciativa del gobierno.
La comisión de conciliadores del Senado no acepta el texto aprobado en la Cámara de Representantes, que obliga a los operadores de móviles y a los vendedores de minutos a registrarse ante las autoridades militares y de policía, lo que implica "la judicialización de quienes venden el servicio en la calle", según el senador Mauricio Pimiento.
Pimiento dijo que no es lógico introducir en una ley de orden público una norma que convierte en delito una actividad laboral de miles de colombianos.
El representante Carlos Fernando Motoa, uno de los conciliadores en la Cámara, dijo que simplemente se le ha dado un alcance que no tiene a un texto mucho más técnico y preciso, que no busca penalizar la venta de minutos sino ejercer un control sobre los tenedores de teléfonos móviles.
El proyecto que prorroga por cuatro años la ley de orden público ya fue aprobado en todos sus debates, pero la diferencia de los textos en Senado y Cámara obliga a la conciliación. En caso de no lograrse un acuerdo entre las dos cámaras, el proyecto reglamentariamente se considera negado.