Justicia

El gobierno le pide a la Fiscalía que investigue escándalo en el Congreso

La petición fue formulada por el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, quien descartó cualquier posibilidad de considerar en el gobierno la disolución del Congreso como consecuencia de los hechos y supuestos sobornos que rodearon la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral

La petición fue formulada por el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, quien descartó cualquier posibilidad de considerar en el gobierno la disolución del Congreso como consecuencia de los hechos y supuestos sobornos que rodearon la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral.
El eventual cierre de las cámaras legislativas fue planteado por el presidente del "Partido de la U", Luis Guillermo Vélez, si se comprueban los hechos de corrupción denunciados entre ellos la supuesta compra de votos.
El ministro Holguín afirmó que la situación expuesta por esa colectividad debe ser motivo de una pronta y rápida investigación por parte de las autoridades competentes, en este caso la Procuraduría; la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.
El ministro pidió a esos organismos revelar lo más rápido posible los resultados de las investigaciones que adelanten para establecer la responsabilidad personal de los congresistas que resulten comprometidos en los hechos e impartir las sanciones correspondientes.
El jefe de la cartera política insistió en que la responsabilidad y sanción de lo ocurrido en desarrollo de la escogencia de los nuevos magistrados del Consejo Electoral debe recaer solamente en las conductas particulares y no en forma colectiva y menos en una corporación como el Congreso.
"Siendo unas actuaciones individuales, de un determinado número de congresistas y eventualmente de una bancada, la responsabilidad debe recaer en quienes cometieron esos actos. No puede ser toda la corporación", agregó el ministro del Interior.
Dijo que para el gobierno la elección de los magistrados electorales siguen siendo válida mientras no se demuestre por la justicia lo contrario.
"Hay que ver si lo que se dice es cierto con pruebas claras. No creo que sea toda una corporación la que tenga que pagar por la acción o responsabilidad de unos cuantos de sus miembros", puntualizó el jefe de la cartera política.

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