Promotores de la Ley de Infancia piden que se le prohiba a los centros de adopción recibir donativos

Mario Gómez, director de la Fundación Restrepo Barco, dijo que para evitar que las casas de adopción incurran en cualquier tipo de irregularidad en los procesos de adopción, es indispensable que el Congreso les impida recibir donativos o pagos por parte de los padres adoptantes.
Beatriz Linares, de la Alianza por la niñez y la infancia, y promotora de la reforma al código del menor, explicó que el proyecto contempla que las casas de adopción sólo podrán recibir dinero por parte de entidades o personas distintas a los padres que toman un niño en adopción.
Linares agregó que no se le puede prohibir a estos hogares la recepción de cualquier donativo, porque de lo contrario quedarían sin dinero para su sostenimiento, sin embargo, sí es posible restringirles los ingresos que reciben de los padres nacionales y extranjeros que adoptan niños.

Por su parte la presidenta del Sindicato de Trabajadores del Bienestar Familiar, Victoria Forero, dijo que impedir el pago de donativos de los papás no sirve de nada y es muy difícil ejercer control sobre estas casa, por eso propone que se eliminen las casa de adopción y sea en ICBF la única entidad autorizada para entregar niños en adopción.
Procuraduría detecta irregularidades en casas de adopción
La Procuraduría General de la Nación requirió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que explique los controles ejercidos sobre las casas de adopción privadas que en el año 2005 entregaron a familias extranjeras 383 niños y niñas, a cambio de lo cual recibieron por donación cerca de 2 millones 310 mil dólares.
Según investigación de la Procuraduría, con base en información suministrada a Bienestar Familiar por 21 agencias y organismos acreditados, las ocho casas de adopción existentes en el país reciben en promedio por cada niño entregado en adopción la suma de 6 mil dólares.
El 30 por ciento del total de dineros recibidos fueron depositados en cuentas bancarias abiertas en Panamá, Islas Caimán, New York y Miami. El 70 por ciento restante fueron consignados en cuentas nacionales.
Cuatro de las casas de adopción desarrollan adicionalmente programas diferentes a los incluidos en las licencias de funcionamiento otorgadas, y sin que exista ningún control sobre estas actividades por parte del ICBF, que deberá rendir explicaciones sobre estos hechos.
Adicionalmente, la Procuraduría compulsó a la Fiscalía General de la Nación copias del informe para que evalúe la pertinencia de iniciar, si hay lugar a ello, las acciones penales sobre estas casas de adopción, que si bien son privadas prestan un servicio público.
Por otra parte, en el informe se evidencia que a cargo de Bienestar Familiar hay más de 4.200 niños y niñas cuyas edades superan los ocho años, y/o tienen discapacidades, pertenecen a grupos de hermanos y/o a minorías étnicas por lo que son considerados de difícil adopción. Ante esta situación, el Ministerio Público requirió al ICBF a fin de que informe si existen proyectos y programas que garanticen a estos niños el derecho a tener una familia y los demás derechos que esto conlleva como atención, cuidado, educación, salud y recreación.