Alan García propondrá la pena de muerte para violadores y asesinos de niños

El presidente de Perú, Alan García, anunció hoy que propondrá el restablecimiento de la pena de muerte para los que violen y asesinen a menores de edad.
La pena de muerte, según la normativa peruana, sólo se aplica por el delito de "traición a la Patria" en caso de guerra.
García, que asumió la Jefatura de Estado peruano, el pasado 28 de julio, dijo a los periodistas que "ante el crimen atroz que es la violación seguida de asesinato de niños menores, esa gente no tiene derecho a vivir".
El gobernante precisó que buscará que la propuesta sea implementada a través de un "proyecto de ley al Congreso para la reforma constitucional" o mediante "un referéndum que convocará a todos los ciudadanos".
"Los delincuentes necesitan sanciones más severas", remarcó García, para luego reiterar que "la sociedad tiene que defenderse de ellos re-instaurando la pena de muerte".
El presidente reconoció que la pena de muerte, que fue abolida en Perú hace 25 años, puede "tener una connotación religiosa", en referencia al derecho a la vida, pero subrayó que "personalmente" cree que es necesario un mayor rigor frente a los violadores de niños.
Durante la campaña presidencial y legislativa de este año, García propuso la pena de muerte para estos delitos, mientras otros candidatos plantearon la castración química de los sentenciados por violación de menores.
El Pleno del Congreso de Perú aprobó en marzo pasado una ley que establece la condena a cadena perpetua para los violadores de niños menores de diez años.
Diversos organismos que investigan estos delitos indican que muchas de las más de dos mil violaciones a menores registradas cada año en el país andino son perpetradas por familiares o personas cercanas a las víctimas.
La reimplantación de la pena de muerte obligaría al Estado peruano a modificar su Carta Magna, así como a denunciar los convenios internacionales sobre el tema, como el suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica.
Según Amnistía Internacional (AI), entre los más de setenta países que aún aplican la pena de muerte se encuentran Guatemala, Cuba, Estados Unidos, Arabia Saudí, Irán, Japón, Jordania, Pakistán, China, Filipinas y Tailandia, entre otros.