Alan García asumirá el poder 20 años después de la "matanza de los penales"

El presidente electo peruano, Alan García, se prepara para asumir de nuevo el poder cuando se cumplen 20 años de la "matanza de los penales" que supuso una de las acciones más cuestionadas de su anterior gestión (1985-90).
Todo comenzó en la madrugada del 18 de junio de 1986, cuando decenas de detenidos acusados de integrar la banda armada Sendero Luminoso iniciaron de forma concertada un motín en las prisiones limeñas de El Frontón, Santa Bárbara y Lurigancho.
Este gran motín precedía a otros tantos que se habían sucedido en las prisiones desde la ascensión de García al poder, en medio de sucesivos atentados y una grave guerra interna.
La Marina de Guerra, amparada por un decreto supremo que declaró a los penales "zonas militares restringidas" y dictado por el propio García, acabó con el levantamiento haciendo uso de un gran despliegue de armamento tradicional y explosivos.
El operativo dejó a más de 200 reclusos muertos, entre ellos un centenar en El Frontón, ubicado en una pequeña isla frente al puerto del Callao que fue bombardeada.
Esta masacre se produjo cuando Alan García apenas llevaba un año en la Presidencia y marcó el principio del fin de su idilio con la sociedad, que aún cuestiona la brutalidad de la que hicieron uso las fuerzas de seguridad.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú, Francisco Soberón, dijo a Efe con motivo
del aniversario que la Justicia debe establecer la "relación entre el poder político y la condición de las operaciones militares".
En este sentido, lamentó "la inacción de la justicia peruana" y recordó que las víctimas y los familiares esperan aún reparaciones y procesos justos.
El vigésimo aniversario coincide este año con la reciente victoria electoral de García, quien asumirá el Gobierno el 28 de julio, junto al vicepresidente electo Luis Giampietri, almirante retirado y uno de los responsables del operativo en El Frontón.
El caso de los penales fue investigado primero por el fuero militar, que en 1989 sobreseyó definitivamente la causa al determinar que no hubo responsabilidad por parte de los procesados.
Dos años después una comisión investigadora del Congreso concluyó que "el presidente de la República y el Consejo de Ministros tuvieron responsabilidad directa", un dictamen que tuvo el visto bueno del Senado pero no de la Cámara de Diputados, motivo por el que no prosperó.
La resolución más importante surgió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 16 de agosto del 2000, cuando emitió un fallo en el que condenó al Estado peruano por violar los derechos humanos y hacer un uso desmesurado de la fuerza, obligándole a investigar los hechos.
Por su lado, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que en el 2003 emitió un informe sobre la guerra interna de Perú (1985-2000), determinó que los hechos acaecidos en los penales "no están aún esclarecidos y sus autores no han sido identificados ni sancionados".
Tras describir el contexto de la época, la CVR aseguró que "la exigencia por parte del Gobierno de una intervención rápida y enérgica implicó el uso de una mayor fuerza militar que puso en gravísimo riesgo la vida e integridad de las personas".
En su informe final, la Comisión agrega que se trató de "una intervención improvisada y violenta que causó heridos y muertes innecesarias", al destacar del gobierno su "ausencia" para esclarecer "con neutralidad, eficiencia y transparencia los hechos".
Mientras tanto, el fiscal peruano Mario González formuló en el 2004 una denuncia penal contra once mandos medios de la Marina, y a García y su entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla, los acusó de delitos contra la administración y seguridad pública, ya prescritos.
El Partido Aprista Peruano (PAP) considera, sin embargo, que "éste es un capítulo cerrado por el poder judicial".
El que fuera ministro de Justicia durante la "matanza de los penales", Luis González Posada, señaló hoy al diario "Perú.21" que "durante cuatro gobiernos consecutivos los responsables fueron investigados y ha quedado comprobado que Alan García no tuvo participación y ha quedado exonerado de toda responsabilidad".