Política

Estados Unidos promete arreciar el combate a contratación de indocumentados

Durante una audiencia ante el subcomité de Inmigración del Senado, representantes del Gobierno dijeron estar decididos a recrudecer la inspección de los sitios de trabajo y la verificación del estatus migratorio de los empleados, que conforman uno de los ejes de la reforma migratoria que estudia el Congreso.

El Gobierno de Estados Unidos prometió que, pase lo que pase con la reforma migratoria en el Congreso, pondrá en marcha medidas para recrudecer el combate a la contratación de inmigrantes indocumentados.
Durante una audiencia ante el subcomité de Inmigración del Senado, representantes del Gobierno dijeron estar decididos a recrudecer la inspección de los sitios de trabajo y la verificación del estatus migratorio de los empleados, que conforman uno de los ejes de la reforma migratoria que estudia el Congreso.
La reforma de 1986, que legalizó a unos tres millones de indocumentados, ya incluía sanciones empresariales, pero éstas no se aplicaron plenamente por falta de recursos, entre otros factores.
"Queremos evitar caer en los mismos errores con esta nueva legislación", dijo Stewart Baker, subsecretario de políticas internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
"No esperamos que los empleadores se conviertan en detectives, pero queremos que sean nuestros socios" en la lucha contra la inmigración ilegal, agregó Baker, al anotar que en muchas ocasiones, las multas a las empresas son inferiores a las emitidas por una infracción de tráfico.
Por su parte, Julie Myers, subsecretaria para Inmigración y Aduanas del DHS, dijo que el Gobierno se propone aumentar las inspecciones, enjuiciar a los infractores e incrementar las sanciones, "sin importar si se producen cambios en la ley".
Según un informe de la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO), el brazo investigador del Congreso, divulgado durante la audiencia, el número de indocumentados detenidos en redadas en centros de trabajo disminuyó de 2.849 en 1999, a 445 en 2003.
Asimismo, el número de inspectores federales encargados de hacer valer las leyes migratorias en los centros laborales bajó de 240 a sólo 90 durante el mismo período.
La escasa atención al reforzamiento del cumplimiento de las leyes en los sitios de trabajo en las últimas dos décadas se debe a las presiones del sector empresarial, de líderes del Congreso y de activistas pro-inmigrantes, según analistas y autoridades policiales.
También se debe a que, a raíz de los atentados de 2001, las autoridades del DHS han puesto más énfasis y recursos en el combate al terrorismo que en hacer cumplir las leyes migratorias.
En momentos en que arrecia el debate sobre la inmigración ilegal en EEUU, las autoridades federales ahora intentan poner en marcha un sistema electrónico en el que las empresas verifiquen el estatus migratorio de sus empleados, so pena de afrontar mayores multas y hasta posibles sentencias de cárcel.
La responsabilidad de cotejar los datos de los trabajadores y su número de Seguridad Social recaerá en los empleadores, con lo que se reduciría la necesidad de las redadas y de costosas investigaciones, según coincidieron los expertos.
No obstante, tanto en la audiencia de hoy como en otras tantas que ha hecho el Congreso sobre la inmigración ilegal y cómo frenarla, existe el reconocimiento de que, mientras EEUU siga siendo una fuente de empleo, los inmigrantes continuarán llegando al país.
No parece haber barrera ni ley que pueda frenar el flujo de inmigrantes clandestinos en Estados Unidos, donde muchos viven en condiciones de hacinamiento y pobreza pero con la certeza de que pueden enviar remesas a sus países de origen para el sustento de sus familias.
La inmigración ilegal ya no es un problema sólo de las comunidades fronterizas y prueba de ello es que estados como Nueva Jersey -en la costa nordeste de EEUU y muy lejos de la frontera con México-, destinan más recursos a los servicios sociales que se ofrecen a los inmigrantes "sin papeles".
El plan de reforma migratoria que impulsa la Casa Blanca, y que respalda la mayoría de los miembros del Senado, incluye sanciones empresariales pero también un programa de trabajadores temporales y la eventual legalización de ciertos de indocumentados.
Con esa fórmula de "palos y zanahorias", que se encuentra estancada en el Congreso, el Gobierno cree que esta vez podrá reducir la inmigración ilegal, sin repetir los errores de la reforma de 1986.

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