El procurador general cuestiona las políticas de desmovilización y reinserción de grupos armados

El jefe del Ministerio Público, Edgardo José Maya Villazón, dijo que hay debilidad en las políticas de reinserción y desmovilización, ya que "no se está haciendo ni una apropiada devolución de tierras, ni una protección efectiva a los desmovilizados". Agregó que existe deficiencia en la protección de menores desvinculados del conflicto armado.
En materia de tierras, el procurador señaló que hay un significativo retraso en su entrega, pues se tenía prevista la devolución de 250 mil hectáreas a 15 mil familias y sólo se ha logrado 58 mil hectáreas para cerca de 5 mil hogares.
Por otra parte, denuncia que la Dirección Nacional de Estupefacientes tiene en su poder 110 mil hectáreas de bienes expropiados a la delincuencia, de los cuales sólo se han entregado 18 mil, y parte de ellas han sido cedidas a 4 empresas como depositarias provisionales.
En el informe el Ministerio Público destaca que no hay una información real ni de desmovilizados, ni de víctimas, teniendo en cuenta que en los costos de reparación, la Contraloría reporta de 8 a 12 billones de pesos, mientras que Acción Social reporta un costo que oscila entre los 12 y los 21 billones de pesos.
En cuanto al menor desmovilizado, Unicef dice que sólo 212 están bajo la protección del Bienestar Familiar, es decir, menos del 1 por ciento de los cerca de 11 mil niños que se encuentran en el conflicto.
El procurador reveló que hay una desigualdad entre las ayudas de desmovilizados y víctimas, ya que los primeros reciben una asistencia de 7 millones 200 mil pesos y los desplazados sólo 600 mil.
Ante este panorama, el jefe del Ministerio Público planteó la revisión de estas políticas con el fin de evitar que se vulneren los derechos de las víctimas e incluso de los desmovilizados.