Se salva la protección estatal para los ancianos indigentes

El Consejo de Estado amparó la protección que los departamentos y municipios deben ofrecer, con recursos oficiales, a cerca de 10.000 ancianos en estado de indigencia en todo el país.
Pese a que la Ley de Garantías Electorales prohibe la contratación pública en epoca de campaña, la sala de consultas precisó que esta restricción no opera cuando se trata de garantizar la seguridad social de los adultos mayores en precaria situación económica.
Para el Consejo de Estado resulta imperioso dar continuidad a los programas de atención para los ancianos indigentes, atendiendo que la Constitución Política concede especial atención y asistencia estatal a estas personas.
Anota la sala de consultas, que la obligación del Estado frente a los ancianos se constituye en fundamentos superior sobre el cual no se pueden aplicar las restricciones de contratación pública que establece la Ley de Garantías Electorales.