Más de $5,2 billones se han 'recogido' extraordinariamente para fortalecer las FFMM

Las contribuciones especiales, aportes extraordinarios o impuestos temporales como el anunciado por el presidente de la República Alvaro Uribe Vélez, le han permitido al Estado recaudar en la última década, cerca de cinco billones 200 mil millones de pesos y tres billones 400 mil millones en la actual administración.
Esos dineros, de una u otra manera, han sido dirigidos para fortalecer la acción de las Fuerzas Militares y de Policía y para incrementar notoriamente el número de uniformados del país que hoy cuenta con 368 mil hombres.
En 1996, en el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano, se crearon mediante la Ley 345, los llamados bonos de paz que de un recaudo estimado de 600 mil millones de pesos, le permitió al Estado recoger, según la Dian, 415 mil millones de pesos.-
Fueron bonos de obligatoria suscripción con un rendimiento equivalente al 80 por ciento en los que debieron "invertir" todas las personas jurídicas, incluyendo las de economía mixta y régimen especial y las personas naturales con un patrimonio líquido superior a los 150 millones de pesos. La tarifa fue del 0,5 por ciento.
En el 98, en la administración Pastrana y también por Ley, la número 487, se crearon los llamados "bonos de solidaridad para la paz ", con un rendimiento del 110 por ciento sobre la inflación causada y redimibles en siete años. Se estimó recoger dos billones de pesos pero los recaudos efectivos no superaron el billón 400 mil millones de pesos.
En agosto de 1992, a los pocos días de posesionado el presidente Alvaro Uribe, se declaró la conmoción interior y al amparo de ella se creó el impuesto de la seguridad democrática, con una tarifa del 1,2 por ciento sobre el patrimonio líquido de los contribuyentes.
Con ese tributo se recogieron dos billones 500 mil millones de pesos. No hubo evasión, según los datos que posee la Dian y por el contrario, muchos colombianos cancelaron voluntariamente 40 mil millones de pesos.
Con la última reforma tributaria, el gobierno del presidente Uribe creó el impuesto al patrimonio que se cobra desde el 2004 y se extenderá hasta el 2007. Este año lo pagan los contribuyentes con una base patrimonial líquida superior a los tres mil 344 millones de pesos.
Ese gravamen le permitió a la administración pública recaudar en el 2004, más de 418 mil millones de pesos y en el 2005, 461 mil millones de pesos. Una cifra superior se espera recoger este año.
El manejo que se le ha dado a esos dineros ha sido cuestionado en varias ocasiones. En enero del 2005, la Contraloría General de la República, en su último informe de evaluación del Plan Colombia, denunciaba que en ese entonces el gobierno mantenía "inutilizados" e invertidos en papeles del Estado, TES, cerca de un billón de pesos originados en los bonos de paz.
" Dichos recursos se están aplicando en forma tardía a los fines establecidos", señaló en su momento el organismo. La Contraloría está preparando un nuevo informe.
Con los dineros adicionales a los que anualmente se le asigna a la fuerza pública por la vía presupuestal, más de diez billones de pesos en promedio en los últimos tres años, Colombia ha incrementado significativamente su fuerza pública.
Un informe de Planeación Nacional indica que el número de uniformados pasó de 273 mil hombres a 368 mil entre julio de 2002 y diciembre de 2005. Con esto el país completa 246 mil uniformados en las Fuerzas Militares y 122 mil en la Policía Nacional.
En este periodo se han creado 59 unidades operativas nuevas entre las que se encuentran seis batallones de alta montaña, ocho brigadas móviles, trece fuerzas especiales antiterroristas urbanas, tres grupos Gaula y 29 escuadrones móviles de carabineros. Todos los municipios del país, mil 90, cuentan hoy con la presencia del ejército o de la Policia.
Los dineros del recaudo extraordinario por la vía de los impuestos o contribuciones también ha servido para la compra de equipo militar y de comunicaciones pero no hay información sobre ese asunto.
Sobre el anunciado nuevo aporte que harían los sectores más pudientes del país, el gobierno no ha definido el instrumento para hacerlo efectivo ni se sabe tampoco de las necesidades que plantearía el Ministerio de Defensa.