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Una guerrillera de las FARC fue beneficiada en su condena por el derecho internacional

Una guerrillera de las FARC se benefició del derecho internacional humanitario (DIH) y recibió una condena menor por un "homicidio simple" en lugar de "agravado con fines terroristas" por la muerte de un soldado en combate. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia aplicó las normas del DIH sobre conflictos internos a la rebelde Marisol Cruz Dimaté y conocida con el alias de "Marcela", condenada en primera instancia por un homicidio en combate, informó hoy la Procuraduría General.

Una guerrillera de las FARC se benefició del derecho internacional humanitario (DIH) y recibió una condena menor por un "homicidio simple" en lugar de "agravado con fines terroristas" por la muerte de un soldado en combate.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia aplicó las normas del DIH sobre conflictos internos a la rebelde Marisol Cruz Dimaté y conocida con el alias de "Marcela", condenada en primera instancia por un homicidio en combate, informó hoy la Procuraduría General.
El organismo de control estatal explicó que la CSJ aceptó, al revisar la sentencia proferida contra la guerrillera, que ella incurrió en "homicidio simple" y no en "homicidio agravado con fines terroristas", cargo por el que había sido sentenciada.
En un comunicado divulgado en Bogotá, la Procuraduría General dijo que el alto tribunal derogó la condena previa por el segundo cargo que un juez especializado impuso a la insurgente.
La rebelde de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue capturada el 13 de mayo de 2000 en la zona rural de Caparrapí, localidad a más de 170 kilómetros al noroeste de Bogotá.
Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario acusó a la mujer de "homicidio agravado con fines terroristas", delito que el Código Penal castiga con penas de 40 a 60 años de prisión.
El cargo fue confirmado por el juez especializado que la enjuició, según indicó la Procuraduría General, que no informó de la condena que le fue impuesta.
El órgano de control dijo que la guerrillera no incurrió en el delito por el cual se le sentenció, ante lo cual pidió a la CSJ que modificara la decisión.
El alto tribunal acogió la solicitud y le impuso una "pena de 13 años 6 meses y 7 días de prisión", precisó la Procuraduría.
La misma fuente observó que la CSJ acogió su alegato de que "la muerte del soldado se produjo en combate y, en este caso, se debe dar aplicación a las normas sobre derecho internacional humanitario que regulan el conflicto interno".

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