El Gobierno pide a la justicia ordinaria asumir la investigación por el maltrato a soldados

Las torturas a los 21 soldados ocurridas en el batallón Patriotas de Honda en Tolima, en donde sus superiores los vendaron, los sentaron en sillas calientes, los quemaron en el pecho con un hierro para marcar ganado, e inclusive algunos de ellos fueron violados, generó que el gobierno pidiera a la justicia ordinaria asumir esta investigación.
El senador Germán Vargas Lleras, en diálogo con Caracol Radio, confirmó, que vía telefónica, el ministro de la Defensa, Camilo Ospina le informó que su despacho decidió entregar el proceso a la justicia ordinaria para buscar que los procesados sean juzgados por tortura, lo que conllevaría a una pena no menor a 10 años y teniendo en cuenta que la investigación en la justicia penal militar no se cumplía con celeridad.
Horas antes el vicepresidente Francisco Santos, sectores políticos y algunos juristas se habían mostrado partidarios de que los responsables por este hecho fueran procesados por violación a los derechos humanos en razón a los tratos crueles que les fueron propinados a los uniformados.
El coronel Rubén Darío Hernández Mosquera, comandante del Batallón Patriotas, el coronel de Infantería Germán Augusto Villalobos González, actual comandante del Centro de Instrucciónón y Entrenamiento de la VI Brigada en el Tolima y dos suboficiales, fueron separados del servicio y podrían ser retirados.
La Procuraduría General ordenó abrir investigación disciplinaria contra los miembros del Ejército involucrados en la tortura en ejercicio del poder preferente.
El jefe del Ministerio Público le pidió al Comando del Ejército que remita de inmediato todos los documentos que sirvan dentro de la investigación disciplinaria, y se abstenga de iniciar nuevas actuaciones alrededor de estos hechos.
En la misma determinación disciplinaria, el Ministerio Público ordenó llamar a declarar a los 21 soldados y a los posibles responsables del maltrato a los uniformados, con el fin de establecer la verdad de los hechos.
Según el Código Disciplinario Único, la tortura puede generar destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos de 10 a 20 años.