EEUU analiza la situación migratoria de la hija de Pinochet

La suerte de Lucía Pinochet, hija mayor del ex dictador militar chileno Augusto Pinochet, está en manos del Gobierno de EEUU, después de que pidiese asilo político tras ser detenida en Washington por orden de un juez chileno.
Lucía Pinochet Hiriart, quien quedó el miércoles bajo la custodia de las autoridades estadounidenses, ha sido acusada junto a otros miembros de su familia de evasión tributaria por más de seis millones de dólares.
La acusación involucra a su madre, Lucía Hiriart, y a sus cuatro hermanos, Augusto, Verónica, Jacqueline y Marco Antonio.
Todos debieron comparecer el lunes pasado ante un juez para ser notificados de su procesamiento. Ella fue la única que no se presentó, por lo que las autoridades chilenas emitieron una orden de arraigo.
Específicamente, Lucía Pinochet, de 60 años, está acusada de causar un perjuicio al Fisco chileno por 453 millones de pesos (862.000 dólares) y uso de pasaportes falsos.
La mujer fue retenida por las autoridades estadounidenses al llegar el miércoles al aeropuerto de Dulles, a unos 35 kilómetros al sur de Washington, procedente de Argentina, tras cruzar la frontera chilena desde la ciudad de Los Andes.
Después de que el Gobierno chileno anunciara en Santiago que Lucía Pinochet había pedido asilo político, el Gobierno de EEUU se limitó a informar de que estudia su situación migratoria sin confirmar o desmentir si había recibido tal solicitud.
El Departamento de Seguridad Nacional norteamericano señaló en una declaración que se encuentra bajo la custodia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en el aeropuerto Dulles, "a la espera de una resolución sobre su estatus migratorio".
También explicó que "el Departamento de Seguridad Nacional no puede comentar si una persona ha pedido o no asilo político".
Fuentes del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia estadounidenses declinaron dar más detalles sobre el caso y una portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo a EFE que "no daremos más información que la que está contenida en el comunicado".
Posteriormente, el canciller chileno Ignacio Walker dijo en Santiago que Lucía Pinochet había sido trasladada a un centro de detención del Servicio de Inmigración de Estados Unidos.
Walker agregó que "hay un plazo de hasta tres días para que se estudie si esto procede o no".
"En este lapso de tiempo, Estados Unidos debe tomar una decisión sobre la materia" añadió el canciller, quien mostró su total confianza en que la petición será rechazada pues "carece de todo fundamento".
El ministro del Interior chileno, Francisco Vidal, indicó por su parte que la situación causada por la hija mayor de Pinochet ha causado molestias en el seno del Gobierno.
"Obvio (que hay molestia), porque normalmente, en la historia contemporánea, asilo político es cuando en los países no hay estado de derecho", dijo Vidal.
Ese malestar también fue señalado por el presidente chileno, Ricardo Lagos, quien calificó de "triste" la situación creada por la fuga de Lucía Pinochet.
"Todo (esto) afecta al país. Es triste", dijo Lagos, quien agregó que su Gobierno realiza gestiones en Washington para que la mayor de los hijos de Pinochet vuelva al país.
En una carta publicada por el diario "La Segunda" de Santiago, Lucía Pinochet Hiriart anunció que volverá al país para "aclarar cualquier duda".
La misiva, que según el diario fue enviada a través de su hijo Rodrigo García, acusó a los organismos chilenos de "menoscabar y desprestigiar la honra de las personas".
Agregó que está convencida de que "en este caso no se busca aclarar el origen de los fondos de mi padre, sino que algunos buscan el total menoscabo de todos y cada uno de los miembros de mi familia".
Un informe del Senado de EEUU reveló el año pasado que instituciones bancarias de este país habían permitido que el ex dictador chileno y miembros de su familia usaran nombres falsos para ocultar millones de dólares y eludir pagos tributarios.
El Banco Riggs se declaró culpable el año pasado de no dar cuenta de esas transacciones y accedió a pagar una multa de 41 millones de dólares al Gobierno de EEUU.