Incendio en la discoteca Cromañón hace 1 año: se multiplican los actos y el dolor

El incendio hoy hace un año de la discoteca "Cromañón" sacudió las estructuras del gobierno de Buenos Aires al airear irregularidades administrativas y sospechas de corrupción y cohecho que la Justicia argentina trata de esclarecer.
Mientras continúan su incansable lucha por la verdad, muchos supervivientes del incendio de la discoteca "República Cromañón" y familiares de los 193 muertos que dejó el siniestro reconocen el intenso trabajo que los jueces hicieron este año y esperan para el próximo que la causa sea elevada a juicio oral.
"Más allá de las vicisitudes que ha tenido el caso, debemos admitir el inmenso trabajo que realizó la Justicia en 2005", asegura Javier Miglino, uno de los sobrevivientes de la "tragedia de Cromañón".
Con él coincide, aunque con matices, José Iglesias, padre de una de los fallecidos, al señalar que este año "respondieron ante la Justicia todos los que tenían que responder, menos Aníbal Ibarra", el alcalde de Buenos Aires y a quien los familiares de las víctimas consideran el máximo responsable de la tragedia.
Los números de la causa judicial se resumen en 193 muertos, más de 700 heridos, un detenido, 31 procesados, 1.000 querellantes, dos jueces -que pronto serán tres- y 37.800 páginas de expedientes acumuladas en 189 cuerpos.
Al cumplirse el primer aniversario del siniestro, el mayor de este tipo ocurrido en el país, la causa ha entrado en el último tramo de su etapa de instrucción, a la que seguirá, posiblemente a finales de 2006, un juicio oral que determinará responsabilidades y penas que pueden llegar a 26 años de prisión.
El juez suplente Néstor Costabel, que dirigirá la investigación desde enero próximo, será el encargado de poner punto final a una investigación que la magistrada María Angélica Crotto, actualmente de licencia por enfermedad, comenzó la noche del 30 de diciembre de 2004.
La pesquisa fue continuada durante diez meses por el juez Marcelo Lucini, que dio un fuerte impulso a la causa, aunque, según José Iglesias, "le faltó coraje sobre el final para procesar a Ibarra".
Este mes, Lucini adoptó una decisión relevante para el caso: agravó la situación procesal de los integrantes del grupo de rock "Callejeros", quienes ofrecían un recital en la discoteca la noche del incendio y ahora están procesados "por estrago doloso seguido de muerte", delito que contempla una pena de hasta 20 años de cárcel.
No obstante, el cargo es menos grave que el que se imputa al dueño de "República Cromañón" y único detenido en la causa, Omar Chabán, a su principal colaborador y a dos ex policías.
Sobre ellos pesa, además del "estrago doloso", la figura de "cohecho" activo o pasivo, según el caso, lo que en la suma de delitos eleva el rango de la pena hasta los 25 años de prisión.
En la causa también están bajo proceso, con menores responsabilidades, otros ex policías, bomberos y ex funcionarios del gobierno de Buenos Aires.
En el momento de la tragedia, que se inició por el lanzamiento de bengalas hacia el techo recubierto de telas de "República Cromañón", la capacidad de la discoteca había sido sobrepasada y el local tenía la licencia municipal caducada, carecía de medidas básicas de seguridad y sus salidas de emergencia estaban bloqueadas.
En el plano político, el episodio conmovió a la administración de Ibarra, uno de los aliados del presidente argentino, Néstor Kirchner.
Tras soportar el embate de la oposición y de los familiares de las víctimas, que en su mayoría consideran que la corrupción del gobierno porteño fue la que dio muerte a sus seres queridos, Ibarra ha quedado en el centro de la discusión de 15 legisladores que le sustancian un juicio político por "mal desempeño de sus funciones".
El jefe de gobierno, que fue suspendido en noviembre pasado, está acusado de 16 cargos y la Sala Juzgadora de la Legislatura de Buenos Aires tiene un plazo de cuatro meses para decidir si destituye o no al funcionario, quien está al frente de la Alcaldía desde 1999.
Ibarra no ha dejado pasar oportunidad para denunciar una suerte de "golpe institucional" contra su gobierno y para asegurar que se ha convertido en un "chivo expiatorio" de la tragedia.
Al igual que Omar Chabán, ha estado permanentemente en la mira de los familiares de los fallecidos, cuya presión resultó vital para que se le sometiera al proceso de enjuiciamiento.
Desde hace menos de una semana, los familiares, que se han manifestado todos los días 30 de cada mes, acampan junto a un santuario que erigieron frente al lugar donde funcionaba la discoteca. La vigilia concluye hoy, un año después del comienzo de su calvario.