La Contraloría pone en tela de juicio el gasto social del gobierno

Un duro cuestionamiento a la política social de los gobiernos Pastrana y Uribe adelantada entre los años 2001 al 2004, formuló la Contraloría General de la República.
Según el organismo, los subsidios del Estado no están llegando a los sectores más pobres de la población y en materia de salud el acceso efectivo a los servicios favorece a la población de más altos ingresos del país.
En un informe al Congreso de la República y al gobierno, la Contraloría sostuvo que en los últimos cuatro años el gasto público social se sobre estimó en siete billones 500 mil millones de pesos.
Dice que el 40 por ciento de las personas que hacen parte de la población más pobre de Colombia no puede utilizar los servicios de salud porque no tiene dinero y menos para cancelar las llamadas cuotas moderadoras y los copagos.
Por eso es que el acceso efectivo a la salud favorece a los ricos, subrayó el organismo. En vivienda, dijo que la distribución de los subsidios muestra un desmejoramiento de la equidad.
Mientras en el año 1997 más del cincuenta por ciento de la asignación estaba concentrada en los sectores más pobres, en el 2003 pasó al 43 por ciento, anotó el organismo.
No funciona sistema de subsidios
Según la Contraloría, los subsidios del servicio público de electricidad no se están dirigiendo con la prioridad que merece, hacia los hogares más pobres, porque esta clase de ayuda estatal se basa en la estratificación de las viviendas y no en los ingresos reales de las familias.
En educación, la Contraloría reconoce que en la pública se registra progresividad por cuanto el 47 por ciento de la población beneficiada pertenece a los sectores de menores ingresos. Sin embargo señala que si bien ese comportamiento se aplica a la enseñanza tanto preescolar como básica y media no ocurre lo mismo en el nivel de educación superior.
Según el informe, en acueducto y alcantarillado se destina menos del treinta por ciento de los subsidios para los estratos uno y dos debido a errores de inclusión y a la estratificación de las ciudades.
La Contraloría cuestionó el manejo de los recursos parafiscales por parte del Bienestar Familiar. De acuerdo con las investigaciones de ese organismo, entre los años 1997 a 2003 la cobertura disminuyó en más de 130 mil cupos en las diferentes modalidades de hogares y jardines infantiles.
En lo que relacionado con las políticas para el adulto mayor, la Contraloría General dijo que está pendiente el cumplimiento de la mayoría de sus objetivos y programas, de los cuales prácticamente sólo ha tenido lugar hasta ahora, el programa de protección social al adulto mayor.