El Secretario General de la OEA dice que hacen falta recursos y más apoyo político al proceso de paz en Colombia

La escasez de recursos y la falta de un mayor apoyo político dificultan la labor de la OEA para verificar el proceso de desmovilización de grupos armados ilegales en Colombia, afirmó el secretario general de ese organismo panamericano, José Miguel Insulza.

Insulza evaluó los avances y retos del proceso de paz en Colombia en un informe trimestral sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Es hora de que la voluntad política reiterada una y otra vez por los Estados miembros de la Organización se traduzca en apoyo real y hechos concretos. Las dificultades que se han presentado hasta el momento pueden superarse intensificando el trabajo y la presencia de la Misión", dijo Insulza en el informe de 16 páginas.
En ese sentido, recomendó que se incremente el tamaño de la Misión, de los 44 funcionarios actuales a una planta permanente de más de 100 personas, y que se aumente a un monto "razonable" su presupuesto anual de más de 10 millones de dólares.
Del mismo modo, Insulza consideró indispensable que la Misión de la OEA en Colombia cuente con un componente de Derechos Humanos. La estrategia de apoyo al proceso de paz en Colombia debe incluir además una financiación que permita la presencia permanente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que pueda prestar asesoría a la MAPP, agregó.
Con ese fin, el Ministerio de Justicia de Holanda acordó el pasado 19 de agosto contribuir con 200.000 euros para asistir a la CIDH, señaló el secretario general de la OEA. Insulza hizo hincapié en la necesidad de que los Estados miembros de la OEA provean más recursos financieros, materiales y de personal capacitado para ayudar a la MAPP en sus tareas de verificación del cese de hostilidades, del desarme y la reinserción civil de los grupos combatientes.
El informe que presentó Insulza abarca el periodo entre mayo y agosto de 2005 y detalla la visita que realizó a Colombia entre el 29 y 30 de agosto pasado, en la que se reunió con el presidente Alvaro Uribe, funcionarios de alto rango del Gobierno y representantes de organismos defensores de los derechos humanos.
Para Insulza, la verificación del cumplimiento de la recientemente aprobada Ley de Justicia y Paz en Colombia para la desmovilización de los grupos armados irregulares "es un nuevo desafío que se impone a la Misión de Paz".
Según el informe, la idea de las autoridades es desmovilizar a más de 40.000 hombres, para avanzar en el proceso de pacificación de Colombia, que cuenta con el conflicto armado más antiguo de América Latina.
A manera de síntesis, el informe de Insulza señaló que entre noviembre de 2004 y agosto pasado se ha logrado la desmovilización colectiva de 8.804 integrantes de 15 facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 11 departamentos del país, así como la entrega de 5.843 armas.
Para completar la desmovilización de todos los bloques de las AUC, faltan por desarmar 11 estructuras más y tres grupos de autodefensas independientes que han decidido sumarse al proceso, para un total de aproximadamente 13.340 integrantes.