La comisaria de Relaciones Exteriores de la UE 'exige un análisis detallado' de la Ley de Justicia y Paz

El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón, pidió la ayuda "urgente" de la Unión Europea para implementar la Ley de Justicia y Paz que pretende desmovilizar a los grupos armados en su país, algo que calificó como "un derecho fundamental y crítico".
Santos se entrevistó hoy con la comisaria de Relaciones Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner, a quien pidió el apoyo de la Comisión Europea, y participó en un seminario en el Parlamento Europeo.
Ferrero-Waldner manifestó que la Ley de Justicia y Paz "ha suscitados fuertes reacciones" y que la propia ONU ha avisado de los riesgos de impunidad, por lo que "exige un análisis detallado".
La comisaria recordó que la Unión Europea tiene previsto publicar pronunciarse sobre la Ley de Justicia y Paz en el próximo Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores que tendrá lugar el 3 de octubre en Luxemburgo.
Ferrero-Waldner señaló el apoyo de la Comisión al Gobierno del presidente Alvaro Uribe "para buscar una solución negociada, pacífica y duradera al conflicto", y constató que ese conflicto "no tiene una solución militar".
Santos dijo hoy en el seminario que "tenemos las mejores intenciones, tenemos un instrumento jurídico y queremos aplicarlo, y qué más podemos buscar, que nos apoyen en su implementación por un lado y que se ayude a la superación del fenómeno paramilitar en Colombia, ese es un derecho fundamental y crítico".
Subrayó que su Gobierno "no tiene nada que ocultar" en torno a la polémica ley, adoptada en julio pasado y que ha sido muy criticada por Amnistía Internacional y otras organizaciones de Derechos Humanos por considerar que favorece la impunidad y no tiene en cuenta a las víctimas.
"Queremos generar la mayor cantidad de justicia, la mayor cantidad de reparación y la mayor cantidad de verdad", indicó Santos en un seminario organizado por el Partido Popular Europeo (PPE), mayoritario en el Parlamento Europeo, al que asistieron miembros de otros partidos y de varias ONG.
Según Santos, "no hay borrón y cuenta nueva. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben.... no hay indulto ni amnistía".
Su intervención se produjo en momentos en los que la Unión Europea debate la posibilidad de brindar apoyo económico al proceso de paz en Colombia y la postura a adoptar sobre la ley.
El Gobierno colombiano considera fundamental esa normativa, que establece penas mínimas para los rebeldes y paramilitares que entreguen sus armas, para la continuación de las negociaciones con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el principal grupo de la ultraderecha armada.
Santos rechazó hoy que la ley olvide a las víctimas y pidió la ayuda de la Unión Europea para la reinserción de los violentos, para la protección de las víctimas y para promover la reconciliación.
"Hay muchísimos temas en los que tenemos que trabajar y en los que sería muy urgente el apoyo de la Unión Europea", dijo, e indicó que su país está dispuesto a recibir a comisiones para que verifiquen la aplicación de la ley.
El eurodiputado español Ignacio Salafranca, del PPE, señaló hoy que "entendemos que esta ley sujeta a controversia puede ser un paso en el camino firme hacia la paz en Colombia".
"Hoy por hoy no hay una alternativa a la ley y así lo entendemos los grupos mayoritarios" en el Parlamento Europeo, añadió, y subrayó que la iniciativa no sólo va dirigida a los paramilitares, sino también a los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Salafranca constató que "es muy difícil buscar recetas mágicas" para este conflicto, y recordó que el Gobierno colombiano "es un Gobierno legítimo democrático que está buscando una salida legal a este problema".
Su postura contrastó con la de la coalición de los Verdes y la Asociación Libre Europea (ALE), que tras el seminario hizo público un comunicado expresando su profunda preocupación por la Ley de Justicia y Paz.
"Lanzamos un llamamiento urgente al Consejo de la Unión Europea para que no apoye ni política ni financieramente un proceso de desmovilización contrario a los principios internacionales del derecho humanitario", afirma en la nota el eurodiputado verde Raúl Romeva.