Gilberto Rodríguez Orejuela podría ser defendido por un abogado de oficio

Un abogado de oficio puede encargarse de la defensa del colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, ex jefe del desaparecido cartel de drogas de Cali, tras ser aceptada la renuncia de su letrado, afirmaron fuentes judiciales.
"En cualquier caso que se ventile en una corte estadounidense el juez (que ve la causa) debe designar un defensor público si el acusado no puede pagar los servicios de uno. Es la ley", dijo un funcionario judicial que prefirió el anonimato.
La fuente salió así al paso a las generalizadas críticas frente a las aparente contradicción de que un "probado narcotraficante" sea defendido con fondos públicos.
"Si reúne los requisitos para ser defendido por un abogado público, entonces el tribunal le asignará uno", dijo el juez Federico Moreno, ayer, lunes, al aceptar la renuncia de José Quiñón como abogado defensor de Rodríguez Orejuela.
Quiñón dijo al justificar su renuncia que no se sentía "suficientemente cómodo" para seguir con su trabajo por el riesgo de incurrir en un delito si sus honorarios eran pagados con ganancias procedente de la venta de droga.
El letrado buscó durante meses, sin conseguirlo, que el gobierno federal autorizara las fuentes de financiación de sus honorarios, principalmente por la venta de una casa del ex capo en Colombia, ya que negocios y familiares de Rodríguez figuraban en una "lista negra" del Departamento del Tesoro.
En los casos de narcotráfico, los jueces estadounidenses exigen que se compruebe la procedencia legal de los fondos de los acusados para poder pagar su defensa.
Gilberto Rodríguez Orejuela y su hermano Miguel están enjuiciados en Miami, a donde fueron extraditados desde Colombia, por narcotráfico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.
De acuerdo a la fiscalía, se calcula que el cartel de Cali acumuló más de 2.000 millones de dólares por la introducción de 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Los hermanos Rodríguez Orejuela fueron condenados a penas de prisión por tráfico de drogas en Colombia en 1995 y se han declarado inocentes de las acusaciones que enfrentan en EEUU.
Ambos afirman que no han delinquido desde que fueron encarcelados en Colombia, pero los fiscales estadounidenses aseguran que continuaron dirigiendo su red de narcotráfico desde la prisión.