"Agarrón" entre el gobierno y la Comisión de Crédito Público del Congreso

El Ministerio de Hacienda acusó a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público de torpedear la política de endeudamiento externo del gobierno y de asumir funciones propias y exclusivas del ejecutivo.
El titular de esa cartera, Alberto Carrasquilla dijo que la interferencia de ese cuerpo consultor y asesor ha llegado a un límite muy delicado al punto que ha "embotellado" el uso de muchos recursos y por su culpa no se han conseguido los dineros que se requieren para seguir con las negociaciones y el pago de los "joint venture" o contratos de riesgo compartido suscritos por la antigua Telecom con varias multinacionales.
Se pidieron 900 mil millones de pesos y la Comisión apenas aprobó 370 mil millones de pesos informó el ministro. Dijo que a pesar de este impase, el reclamo exigido por las compañías de mil 800 millones de dólares finalmente se reducirá a un pago de 350 millones de dólares.
El ministro de Hacienda anunció oficialmente su respaldo a un proyecto de Ley, de origen parlamentario, que propone acabar con la mencionada Comisión que tiene ya 46 años de creación.
" La razón es muy sencilla. El mundo ha cambiado lo suficientemente como para que nos modernicemos y andemos con más velocidad y celeridad", agregó el funcionario.
La Comisión, a través de varios de sus seis integrantes tanto de Cámara como de Senado replicó. Dijo que no es cierto que esté asumiendo funciones de coadministración y que no renunciará al control político que le otorga la Ley y que le quiere quitar el gobierno.
El representante Fernando Tamayo, miembro de la Comisión, denunció que el Ministerio de Hacienda está solicitando créditos internacionales para financiar proyectos que ya están terminados con el sólo propósito de fondear la Tesorería General.
En su opinión, el Ministerio de Hacienda viene realizando, cuando no puede, operaciones de pre-financiamiento sin que esté aprobado el presupuesto general de la Nación. El congresista José Luis Félix reveló que el gobierno ha pagado cerca de 60 millones de dólares en comisiones de compromiso por créditos que no ha utilizado.
El contralor general de la República, Antonio Hernández Gamarra terció en el debate y le dio la razón al gobierno en el sentido de que es necesario revisar las funciones de la Comisión para que no se incurra en lo de la coadministración de los créditos externos que consideró muy dañino. Dijo además que es legítimo la política del prefinanciamiento que viene adelanto el gobierno.
La Contraloría y el Ministerio de Hacienda compartieron una propuesta del representante César Negret para que se proponga al Congreso una Ley marco sobre el endeudamiento del sector público.