Ecuador sigue buscando salidas a las protestas por la exportación de hidrocarburos

El Gobierno de Ecuador y autoridades de la región petrolera del noreste seguirán hoy, martes, las complicadas negociaciones iniciadas ayer para acabar con el conflicto que ha ocasionado la paralización de la exportación de hidrocarburos del país.
Tras una primera jornada en la que la negociación estuvo a punto de romperse, las autoridades de Orellana y Sucumbíos, que lideran la huelga que ha mantenido paralizadas ocho días las dos provincias, aceptaron estudiar una propuesta de las multinacionales petroleras, a las que reclaman más recursos para el desarrollo de la zona.
El representante de las petroleras, René Ortiz, dijo a los periodistas que tenían ya un acuerdo, "firmado" por las autoridades de Orellana y Sucumbíos.
En ese acuerdo, las compañías se comprometían a asfaltar 200 kilómetros de vías, contratar de modo "preferente, no exclusivo", a personal, bienes y servicios de la zona, y entregar una parte de sus impuestos a las autoridades locales y provinciales.
Máximo Abad, alcalde de Nueva Loja, capital de Sucumbíos, lo desmintió y dijo a EFE que "eso es una falsedad absoluta. Ninguna persona ha firmado documento alguno, ya que recién vamos a conocer esa propuesta y analizarla durante la noche. No hay ningún acuerdo ni verbal, ni escrito".
En cualquier caso, Abad señaló que, por su primera impresión, la propuesta de las petroleras "es imprecisa" y ofrece "poco", menos de los recursos que exigen las dos provincias, las mayores productoras de crudo de Ecuador y que están entre las más deprimidas.
Abad recordó que, aunque el domingo pasado suspendieron las movilizaciones del paro y el lunes se reanudó la actividad normal en las dos provincias, "seguimos en huelga, en periodo de tregua para conversar y negociar".
La reducción a niveles mínimos de la producción de crudo llevó al Gobierno de Ecuador a declarar el pasado miércoles el estado de emergencia en Orellana y Sucumbíos, ahora bajo el control militar, y a decidir el jueves la suspensión de las ventas de petróleo, el principal producto de exportación del país.
Antes de decidirse el aplazamiento de la negociación hasta el martes, las conversaciones estuvieron a punto de romperse el lunes, al informarse de nuevos enfrentamientos en la parroquia amazónica de Dayuma, en Orellana.
Los militares trataron de desalojar en Dayuma a huelguistas que ocupan pozos petroleros y emprendieron una "dura represión", según dirigentes del paro.
Los representantes de los huelguistas abandonaron la negociación y enviaron una delegación al ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, para exigirle "el cese de la represión, el levantamiento del estado de emergencia y la liberación de los detenidos -cerca de una treintena- para volver a negociar", según Abad.
Si no se aceptan estas condiciones, "es posible que nos retiremos pues, sin garantías, no se puede negociar", recalcó a EFE Abad, quien indicó que, en ese caso, "tendríamos que reunirnos y ver qué se puede hacer".
Gándara, por su parte, reclamó la total paralización de las movilizaciones del paro, aseguró que había ordenado la liberación de los detenidos, y afirmó que las fuerzas del orden no habían "agredido" a los huelguistas.
Aseguró que el Gobierno no levantará el estado de emergencia mientras prosiga la huelga.
Anita Rivas, alcaldesa de Francisco de Orellana, la capital de Orellana, dijo a EFE que Gándara había afirmado que el estado de emergencia se levantaría "inmediatamente después de alcanzar un acuerdo" con los representantes de los huelguistas.
La suspensión de las exportaciones petroleras, según el Gobierno, ecuatoriano supondrá unas pérdidas fiscales para el país de cerca de 500 millones de dólares en los próximos tres meses, lo que será un duro golpe para las arcas del Estado, cuyo presupuesto se financia en más de un 35 por ciento con las ventas de hidrocarburos.