Polémica por propuesta de los extraditables

Distintas reacciones generó la propuesta de un grupo de extraditables para purgar sus condenas en Colombia con base en una negociación con el gobierno de Estados Unidos.
El senador liberal Héctor Helí Rojas dijo que el gobierno colombiano debe pronunciarse sobre la materia para saber cuál es su posición real sobre la extradición, pues al tiempo que la suspende en el caso de los paramilitares, la aplica frente a guerrilleros.
Gina Parody, uribista, dijo que se le está enviando un pésimo mensaje a las nuevas generaciones, en el sentido de convertir al país en un paraíso de mafiosos que demuestran que delinquir vale la pena.
Wilson Borja, co-presidente de la comisión de paz de la Cámara, dijo que siempre ha sido enemigo de la extradición, pero que la propuesta de los extraditables es válida como recuperación de la soberanía colombiana, siempre y cuando no sean narcotraficantes que quieran tener cárceles como la de Pablo Escobar.
La propuesta de los extraditables recluidos en la cárcel de Cómbita, Boyacá, busca que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos acepten que sus penas se paguen en prisiones colombianas.
La representante a la Cámara Rocío Arias precisó que pretenden que el gobierno estadounidense acepte que la condena que deben recibir en ese país se cumpla en Colombia, bajo el compromiso de colaborar con la justicia de uno y otro país, el desmonte del narcotráfico y la entrega de bienes adquiridos ilícitamente.
A cambio, se comprometen a ayudar en el desmantelamiento del narcotráfico, aunque sin definir puntos específicos porque esperan que se acuerden dentro de la negociación.
El grupo de extraditables pidió una comisión del alto nivel, conformada por los gobiernos colombiano y estadounidense, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y sectores políticos, para plantear una agenda común.
Arias aseguró que los presos pedidos en extradición por autoridades de Estados Unidos expresan su total respeto a los tratados y convenios suscritos por los dos países y bajo esa premisa no abogan por la eliminación de las figuras jurídicas.