Según los órganos de control del Estado, por todas partes se ve la corrupción en el país

En el manejo de las regalías y transferencias, en los recursos que destina el Estado para subsidiar la compra de vivienda de interés social, en las partidas orientadas a sufragar los costos en salud de la población más pobre del país y en las concesiones y contratación de obras públicas, se centran los casos más protuberantes de corrupción en Colombia según lo denunciaron la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía.
Los mencionados organismos dieron a conocer un primer informe de gestión sobre los resultados de un convenio que pusieron en marcha en febrero del 2003 para luchar conjuntamente contra ese delito.
Desde entonces se encontró que más de 87 mil 430 millones del tesoro público están comprometidos por uso indebido e irregular. Ochenta funcionarios fueron vinculados a procesos disciplinarios por la Procuraduría General; 56 están siendo investigados penalmente por la Fiscalía y 72 servidores públicos se encuentran comprometidos en indagaciones y procesos de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General.
El procurador Edgardo Maya Villazón dijo que la corrupción es de doble vía y recordó un informe del Banco Mundial según el cual el 58 por ciento de los contratistas con el Estado han pagado de una u otra manera prebendas a los servidores públicos.
El contralor Antonio Hernández Gamarra dijo que las regalías por concepto de la explotación de petróleo, gas, carbón, níquel, oro, entre otros, que el año pasado superaron los dos billones de pesos, se han convertido en fuente de desgreño y corrupción. Indicó que mucha plata se pierde en obras suntuosas e inconclusas.
La Contraloría informó que el departamento de Arauca está siendo investigado por el organismo por un presunto detrimento patrimonial superior a los 22 mil 200 millones de pesos y el de Casanare por por 20 mil 200 millones. En total se averiguan casos en varias regiones del país que superan los 58 mil millones de pesos.
El organismo citó el caso de lo ocurrido en el Inurbe de Barranquilla con las urbanizaciones Edén, Calima Ciudad Bonita y Mundo Féliz en donde están enredados 15 mil millones de pesos. Por esa situación se dictaron medidas cautelares por 20 mil millones de pesos.
El Contralor citó el caso del contrato entre Invias y Comsa que generó en la apertura de procesos de procesos de responsabilidad fiscal por 29 mil millones de pesos y de 35 mil 900 millones de pesos por las obras de la autopista Norte Bogotá.
El contralor llamó la atención por la situación que se registra en el municipio de la Jagua de Ibirico, en el departamento del César, constituido ahora en uno de los más ricos pero más derrochadores del país.
Por conceptos de las regalías del carbón, cada uno de sus 30 mil habitantes recibe a través de diversas obras sociales, un millón 200 mil pesos al año. Sin embargo es tanto el mal uso de los dineros que el alcalde del municipio Osma Mujica Cuadros fue suspendido del cargo por la Procuraduría.
Las autoridades encontraron 690 contratos de toda naturaleza, por ocho millones de pesos en promedio para, entre otros propósitos, hacer mantenimiento al alcantarillado de la población. Según la Contraloría, la Jagua de Ibirico estará recibiendo a la vuelta de tres años 120 mil millones de pesos que según indicó Hernández Gamarra requieren ser redimensionados.