Amnistía manifiesta preocupación por los DDHH en Colombia

Amnistía Internacional (AI) expresó por carta al jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, sus preocupaciones acerca de "la grave crisis de derechos humanos" en Colombia, con motivo de la visita del presidente Alvaro Uribe, la próxima semana.
Según informó esta organización en una nota, sus inquietudes se centran "en el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación por los crímenes padecidos durante el conflicto interno que abarca más de cuatro décadas".
Durante los últimos veinte años "el conflicto se ha cobrado la vida de al menos 70.000 personas" y más de tres millones "se han convertido en desplazados internos", añadió AI.
A lo largo de 2004, agregó, "se asesinó e hizo 'desaparecer' a, al menos, 1.400 civiles. Aproximadamente 1.250 personas fueron secuestradas y en torno a 287.000 fueron obligadas a huir de sus hogares, una cifra superior a la de 2003".
"La impunidad de la que gozan los responsables de violaciones y abusos contra los derechos humanos es una piedra angular de la grave crisis de derechos humanos que sigue viviendo Colombia", indicó.
En opinión de Amnistía, la visita de Uribe a España, prevista para los próximos días 11 y 13, "supone una gran oportunidad" para el Gobierno español de analizar con aquél "las principales preocupaciones en materia de derechos humanos" en Colombia.
Esta organización reiteró que la Ley de Justicia y Paz, aprobada en Colombia en junio pasado con el fin de regular la desmovilización de grupos armados ilegales, establece un marco jurídico que "no cumple las normas internacionales sobre el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas".
Además, AI denunció la violencia sexual ejercida contra mujeres y niñas, incluida la violación, que durante los 40 años de conflicto armado fue y sigue siendo una práctica generalizada.
Por otro lado, afirmó que los grupos armados de oposición son responsables de toma de rehenes y de la muerte de civiles.
El comunicado de AI concluye con una petición de acuerdo humanitario entre el Gobierno de Bogotá y los grupos guerrilleros, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para la protección de la población civil.