La Federación Internacional de Derechos Humanos acusa al gobierno de Álvaro Uribe de "cómplice" de los paramilitares
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIHD) anunció que su demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue los crímenes cometidos por paramilitares en Colombia incluye al Gobierno como actor pasivo de los mismos
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIHD) anunció que su demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue los crímenes cometidos por paramilitares en Colombia incluye al Gobierno como actor pasivo de los mismos. La FIHD considera que el Gobierno del presidente Alvaro Uribe es "cómplice" de los crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares en Colombia por permitir que se sigan repitiendo y por no juzgar a los jefes de esas agrupaciones, declararon hoy miembros de la Federación en una rueda de prensa. La FIHD, la Corporación Colectivo de Abogados y el Comité Permanente por los Derechos Humanos enviaron el martes un informe a la oficina del fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para que investigue dichos crímenes bajo la jurisdicción del tribunal internacional. El secretario general de la FIDH, Luis Guillermo Pérez, dijo que en la denuncia, elaborada además por la Corporación Colectivo de Abogados y el Comité Permanente por los Derechos Humanos, incluye los nombres del presidente Uribe, y sus ministros de Defensa, Jorge Alberto Uribe, y de Justicia e Interior, Sabas Pretel, como demandados. El vicepresidente de la FIDH, Alirio Uribe, explicó que la demanda argumenta que el Gobierno colombiano "ha encubierto los crímenes pero es el fiscal del CPI quien tiene que decidir sobre a quién corresponden los diferentes niveles de responsabilidad". Añadió que, aunque "el Gobierno no va a facilitar las cosas para que la CPI lo investigue a él, queremos con nuestra denuncia prevenir nuevos crímenes y que las autoridades sigan siendo cómplices". "Denunciamos a toda la jerarquía de paramilitares e instituciones públicas que por comisión u omisión han contribuido a perpetrar los crímenes", precisó Pérez. El informe presentado el martes ante la oficina del fiscal del la CPI, que cuenta con 100 páginas y 47 anexos, incluye como sospechosos a "unos 10 jefes de los paramilitares", explicó el presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, José Gutiérrez. Entre esos jefes figuran los nombres de Rodrigo Escobar, cabecilla paramilitar en el norte de Colombia; Ernesto Baez, líder de la región del eje cafetero del interior; y el conocido como "Don Berna", jefe de la zona de Medellín, precisó Gutiérrez. En el informe se identifican unos 2.000 crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares desde diciembre de 2002 hasta la actualidad, explicaron las fuentes. En su mayoría se trata de homicidios, pero también casos de masacres, ejecuciones y desplazamientos forzados, si bien este último crimen todavía no está completamente documentado, admitieron los demandantes. La CPI tiene competencia para juzgar los crímenes de guerra, genocidio o lesa humanidad cometidos a partir de 2002, fecha en la que entró en vigor el Estatuto de Roma, marco que establece la jurisdicción de la Corte.Además, sostienen que la CPI tiene jurisdicción para investigar y juzgar los crímenes de paramilitares porque el marco legal del Gobierno colombiano para acompañar el proceso de desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) implica en la práctica la incapacidad para juzgarlos. "Esas leyes hacen expresa la ausencia de capacidad para juzgar a los paramilitares, de los cuales ya unos mil han sido sustraídos de la (acción de la) justicia", declaró el vicepresidente de la FIDH.
