El gobierno inicia una ofensiva internacional para explicar la Ley de Justicia y Paz

El gobierno del Presidente Álvaro Uribe iniciará una ofensiva nacional e internacional para explicar los alcances de la ley de justicia y paz cuya aprobación final se dio en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.
Así lo confirmó el ministro del Interior Sabas Pretelt, al destacar que a partir de este momento, el gobierno dispone de una una herramienta jurídica para desmotar la estructura del paramilitarismo.
Dijo que la ley hay que explicarla, porque ha habido mucha tergiversación por lo que la próxima semana viajará a Londres y EEUU para exponer sus alcances ante las Organizaciones no gubernamentales.
"Creo que después de dos años de debate podemos declararnos satisfechos", afirmó el alto comisionado presidencial para la Paz, Luis Carlos Restrepo.
La iniciativa, que pasó a sanción presidencial establece un marco jurídico para la desmovilización de los grupos armados ilegales que adelanten negociaciones de paz con el Gobierno.
Ofrece a los beneficiarios penas alternativas de cinco y ocho años de prisión, de los cuales se descuentan hasta 18 meses por permanencia en la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito.
Los beneficios se concederán de acuerdo con la confesión que los paramilitares hagan de sus delitos, la entrega de los bienes adquiridos ilícitamente y la expresión del deseo de efectuar una reparación a las víctimas.
El juzgamiento de los hechos corresponde a los tribunales superiores de distrito, previa aceptación de cargos o imputación de la Fiscalía, a través de procesos sumarios que no deben durar más de 60 días. La segunda instancia le corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto desconoce la existencia del conflicto armado interno, mientras que le otorga reconocimiento político a los delitos cometidos por los paramilitares bajo la figura de la sedición, pero castigada con la pena equivalente a la rebelión, es decir de ocho años.