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Convocan sesiones extras en el Congreso para aprobar el proyecto de justicia y paz

El Gobierno colombiano convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para tramitar el proyecto legislativo de justicia y paz, necesario para regular la desarticulación de los grupos paramilitares de derecha

El Gobierno colombiano convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para tramitar el proyecto legislativo de justicia y paz, necesario para regular la desarticulación de los grupos paramilitares de derecha.
El ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, declaró a los periodistas que el Legislativo fue citado a debates extraordinarios a partir de mañana para que termine esta misma semana la iniciativa.
El proyecto no alcanzó a ser aprobado en las sesiones ordinarias, que terminan hoy, debido a discrepancias entre distintos sectores políticos y a que comisiones de parlamentarios deben incorporar las reformas introducidas al texto original propuesto por el Gobierno.
"Seguramente no vamos a alcanzar a votar la totalidad del proyectos hoy, cuando vencen las sesiones ordinarias, por lo que convocaremos a extras", señaló Pretelt.
Aseguró, además, que el proyecto legislativo no será para beneficiar a narcotraficantes, como han advertido varios políticos.
El Gobierno y la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), surgidas hace dos décadas para combatir a las guerrillas, celebran negociaciones de paz desde hace más de dos años.
Según los preacuerdos, los comandos ilegales, que tienen entre 17.000 y 19.000 integrantes, deben desmovilizarse antes de 2006.
Hasta ahora han entregado sus armas en distintas fechas y zonas del país más de 5.000 combatientes.
Los paramilitares están acusados de múltiples crímenes de lesa humanidad, y el proceso de paz ha estado rodeado de críticas formuladas por sectores nacionales e internacionales que temen que los cargos queden impunes.
Pretelt manifestó que el Gobierno "necesita enviarle cuanto antes un mensaje al mundo sobre el marco jurídico que reglamenta los proceso de paz y a las personas que han cometido delitos atroces".
El proyecto legislativo estipula una pena de ocho años de cárcel para los acusados de crímenes atroces y exige que éstos devuelvan los bienes de procedencia ilegal y reparación a las víctimas, pero también contempla rebajas de penas.
No obstante, los paramilitares reclaman un tratamiento más benigno por considerar que están contribuyendo a la "pacificación" del país.
El pasado viernes, la Cámara de Representantes reconoció el estatus "político" a los paramilitares dentro del proyecto legislativo de origen gubernamental, que tiene 67 artículos.

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