Gigantesca contrarreforma agraria de narcotraficantes y paramilitares, denuncia la Contraloría

Según este organismo, en manos de los carteles de la droga y de las autodefensas estarían cuatro millones 500 mil hectáreas, equivalentes al cincuenta por ciento de las tierras más ricas del país, con un valor cercano a los dos mil 500 millones de dólares.
En los últimos años, de acuerdo a una investigación de la Contraloría General, los narcotraficantes han adquirido más de un millón de hectáreas, el equivalente al tres por ciento del territorio nacional y a un cinco por ciento de las tierras potencialmente explotables.
El fenómeno es generalizado en todo el país pero particularmente en el Meta, la Zona Cafetera, la Costa Atlántica y los departamentos de la región central, señaló el contralor Luis Bernardo Flórez Enciso en un foro en el que puso en tela de juicio la política de extinción de dominio que adelanta el gobierno.
La Contraloría dijo que la dramática concentración de los predios más ricos del país en paramilitares y narcotraficantes, ha modificado peligrosamente el mapa geopolítico colombiano y ha generado más desempleo en el campo en donde la pobreza bordea el 70 por ciento y el precio de la tierra en algunos casos se ha triplicado o cuadruplicado.
"Las tierras apropiadas por los narcotraficantes, enn muchos casos las más fértiles y mejor localizadas, se convierten en grandes e improductivas haciendas en lugar de ser utilizadas para labores agrícolas. Así, las propiedades de los narcos no contribuyen a la seguridad alimentaria en la medida en que constituyen fuentes ilegales de ahorro y acumulación para legitimar su inserción social y política pero no en unidades de producción de alimentos", señaló el vicecontralor.
Dijo que los narcotraficantes y los integrantes de grupos ilegales pasaron a ser los "señores de la guerra" a ser los dueños del poder real.
Para enfrentar la situación, la Contraloría propuso una acción judicial más efectiva porque en su opinión la Ley de extinción de dominio funciona muy poco, no es pronta y no garantiza una cumplida justicia y seguridad.
Dijo que se debe garantizar también una mejor gestión administrativa por parte de la Dirección General de Estupefacientes y del Incoder que debe manejar las tierras que deben ir a la reforma agraria.