La renuncia de Carlos Mesa está en manos del Congreso

La dimisión del presidente de Bolivia, Carlos Mesa, dejó la resolución del conflicto que vive el país en manos del Congreso, que deberá decidir el lugar y la fecha de la sesión en la que analice la renuncia, en medio de las presiones de los sectores sociales movilizados en La Paz.
El presidente del Parlamento, Hormando Vaca Díez, anunció en la víspera que hoy martes, pactará con los partidos políticos y con las brigadas departamentales las condiciones del reinicio de las labores en el Legislativo, parado desde hace casi tres semanas.
Vaca Díez pidió al poder Ejecutivo "garantías plenas" para reinstalar el Congreso en La Paz, aunque no descartó la posibilidad de celebrar la sesión en otra ciudad boliviana.
"Si trabajamos bajo un marco de presión, las decisiones pueden ser tomadas al calor de la presión de algunos centenares de ciudadanos", dijo el presidente del Parlamento en referencia a las manifestaciones que se realizan desde mediados de mayo alrededor de la plaza donde están los palacios de Gobierno y Legislativo, en el centro de la urbe paceña.
Opinó que las sesiones deben reiniciarse "en el marco de la representación de 157 diputados y senadores de toda la república y cuya legitimidad nace de los votantes que representan a casi 10 millones de bolivianos".
Según la Constitución, en caso de que el Congreso acepte la renuncia, la sucesión presidencial recae en Vaca Díez, después en el presidente de los Diputados, y en último lugar, en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el único de los tres habilitado para convocar a elecciones.
El presidente del Parlamento rehusó declarar sobre la opción de asumir el poder, después de conocer la salida de Mesa.
El gobernante justificó su salida al señalar que "Bolivia está acercándose a un punto en el que nadie está dispuesto a escuchar al otro y en el que unos pocos están imponiendo sus criterios sobre una gran mayoría".
El dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo que su partido, el principal de la oposición y el impulsor de las protestas en las calles, pedirá que sus potenciales sucesores también dimitan para poder anticipar los comicios generales.
"Nosotros somos un movimiento democrático y vamos a apostar por salidas democráticas y salidas constitucionales", indicó Morales, quien, no obstante, advirtió que "si Hormando Vaca Díez no renuncia a la sucesión, sólo va a polarizar a Bolivia".
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Abel Mamani, apuntó que la dimisión de Mesa busca "desmovilizar a los sectores" que piden la nacionalización del gas y una Asamblea Constituyente.
Mamani dijo que las juntas vecinales de El Alto evaluarán cuál será el curso de las movilizaciones y la huelga que realiza desde mediados de mayo esa población aledaña a La Paz para "conminar" al Estado a responder a las demandas que abanderan.
El desenlace de la crisis boliviana está, de esta forma, supeditado a la acción de los sectores sociales y sindicatos, que el lunes protagonizaron en La Paz la manifestación más multitudinaria desde el inicio de la crisis.
La capital administrativa permanece sitiada por los vecinos de la localidad aledaña de El Alto y comienza a sufrir los efectos de la escasez de productos básicos.
Además, el sabotaje en una represa en el altiplano andino ha puesto en peligro el suministro de agua en cinco distritos.
Ante la grave situación, el alcalde paceño ha anunciado el inicio de un paro cívico en defensa de la ciudad y grupos de vecinos en distintos barrios han organizado comités de vigilancia para proteger sus propiedades.
En el resto del país, las carreteras se encuentran interrumpidas en más de sesenta puntos por los bloqueos de los campesinos, que impiden la comunicación por tierra con los países vecinos.