OIT: Trabajo forzado genera 1.300 millones dólares en América Latina

El trabajo forzado en América Latina y el Caribe genera 1.300 millones de dólares de ganancias y afecta particularmente a trabajadores agrícolas indígenas sin medios para pagar sus deudas con contratistas privados, reveló hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Brasil es el país que tiene el mayor problema y que lo ha reconocido como tal, y es además en donde se han identificado casos de "trabajo esclavo", particularmente en los estados de Pará y Mato Grosso, en la región amazónica de ese país.
En Bolivia también existen varias formas de trabajo forzado, la más común -conocida bajo el término de "enganche"- se basa en pagos adelantados a los campesinos en las zonas tropicales de Santa Cruz y el Chaco.
En esta misma región, pero en territorio paraguayo, los trabajadores son sometidos a discriminación y tratos abusivos en haciendas ganaderas, según el primer informe sobre la situación del trabajo forzado en el mundo elaborado por la OIT.
Esta entidad también ha registrado numerosos casos en Perú que consisten en el reclutamiento forzado en campamentos de explotación forestal y entre comunidades nativas aisladas.
"La selva amazónica parece ser un imán para el trabajo forzado, ya que la falta de empleo, el aislamiento geográfico y la ausencia de instituciones estatales hacen de esta área un terreno fértil para el tráfico de trabajadores indefensos", recalca el estudio.
La OIT calcula que "podría haber hasta 20.000 trabajadores en estas condiciones, muchos de ellos acompañados por sus mujeres e hijos".
El autor principal del informe, Patrick Belser, dijo a EFE que, a pesar de estos datos, la situación en ese grupo de países "ha mejorado en los últimos años" debido a la voluntad política de las autoridades para frenar el trabajo forzado.
El país que más ha avanzado en ese sentido es Brasil, cuyo ejemplo ha sido seguido por Bolivia, que "ha reconocido el problema y ha creado una entidad nacional que recomendará normas y medidas concretas para combatir ese tipo de explotación", indicó el experto de la OIT.
Por su parte, "Perú y Paraguay están reflexionando y sus ministros (de Trabajo) han manifestado a la OIT su intención de crear mecanismos similares con la participación de empleadores, sindicatos y de la sociedad civil".
Belser explicó que el trabajo forzado se concentra "en haciendas tradicionales, menos rentables" y que entre los factores que hacen posible la explotación en las áreas rurales están la débil presencia del Estado, los bajos recursos destinados a la educación y las altas tasas de analfabetismo.
Asimismo, influyen negativamente la lenta implementación de las reformas agrarias y la carencia de documentos de identidad oficiales por parte de los campesinos indígenas, "lo que los vuelve invisibles ante las autoridades nacionales".
Sin embargo, los abusos a través del trabajo forzado no se limita a las zonas rurales sino también alcanzan las áreas urbanas, donde las víctimas son utilizadas sobre todo para la prostitución y el trabajo doméstico.
En Centroamérica, dijo el experto, el problema también involucra a las maquilas, donde las trabajadoras son obligadas a realizar horas extras sin ninguna remuneración a cambio.
En esa región, sin embargo, la OIT no tiene programas relacionados a esta temática porque los Gobiernos -con la excepción de Guatemala- no lo han solicitado.