Más 691.000 inmigrantes solicitaron la regularización en España

La mayor regularización de inmigrantes de la historia de España, una gran parte de ellos de países latinoamericanos, concluyó en la noche del sábado en lo que ha supuesto el "mayor proceso de afloramiento de economía sumergida en Europa de los últimos 40 o 50 años", según las autoridades españolas.
Así lo expresó el ministro español de Trabajo, Jesús Caldera, quien indicó que la iniciativa "ha sido un éxito" y que los nuevos inmigrantes regularizados aportarán el próximo año de 1.000 a 1.500 millones de euros (de 1.200 millones a 1.800 millones de dólares) a la Seguridad Social española.
Al menos 691.059 extranjeros presentaron hasta las 22.00 horas (20.00 GMT) del sábado, la solicitud para acogerse al proceso de regularización de inmigrantes abierto en febrero pasado por el Gobierno español y que concluyó la pasada medianoche, informaron las autoridades.
Fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indicaron a EFE que la cifra definitiva superará las 700.000 solicitudes.
Un 60 por ciento de las peticiones se han concentrado en tres de las diecisiete comunidades autónomas de España: Madrid (centro), Valencia (este) y Cataluña (noreste), según los datos oficiales.
Este proceso se ha convertido en la mayor operación de regularización de trabajadores inmigrantes puesta en marcha en España en las últimas décadas, con un número de solicitudes que supera incluso la suma de los seis procesos extraordinarios abiertos desde 1991, a los que se acogieron menos de 600.000 extranjeros.
Según datos ofrecidos el sábado por el Ministerio de Trabajo, del total de solicitudes presentadas, 365.382 pertenecían a varones, mientras que 267.012 eran de mujeres.
La mayoría de ellas, un 52,26 por ciento, proceden de Ecuador, país de origen de 135.783 inmigrantes que esperan regularizar su situación en España.
Por nacionalidades, tras Ecuador se sitúa Rumanía, Marruecos, Colombia, Bolivia, Bulgaria, Argentina y Ucrania.
El proceso, pactado entre el Gobierno, los sindicatos, la patronal y las ONGs, arrancó el 7 de febrero, con una media de 1.800 peticiones diarias en la primera semana, pero se aceleró de manera constante a medida que se aproximaba el final del plazo.
La principal diferencia de este proceso de normalización respecto a otros anteriores ha sido la exigencia de un contrato de trabajo firmado por el empresario o empleador.
Los inmigrantes que, por no contar con contrato de trabajo o no estar empadronados antes del 8 de agosto último, no se hayan podido acoger al proceso de regularización, unos 100.000 o 150.000 según datos oficiales, quedan ahora expuestos a la expulsión.
En una entrevista con EFE, el ministro español de Trabajo, Jesús Caldera, rechazó informaciones "alarmistas que no se corresponden con la realidad" sobre denuncias de fraude y falsificación de documentos.
"Hay poquísimos casos denunciados ante Inspección de Trabajo o la Policía, los pocos que ha habido se investigaron y los pocos que ha habido son inútiles, es ridículo pensar que se puede comprar y vender un contrato", aseguró.
Por otro lado, advirtió de que a partir del próximo lunes "las cosas cambian: quien no haya aprovechado el proceso es porque tiene voluntad deliberada de defraudar, y por tanto, hay que ir a la vía sancionadora".
En este contexto recordó que el Reglamento de Extranjería recoge las vías del arraigo laboral y arraigo social para la legalización del extranjero no comunitario, al tiempo que recalcó que las órdenes de expulsión se "aplicarán con todo rigor".
Por último, insistió en la apuesta de España por articular una política europea común en materia de inmigración, porque "creemos que no solo la inmigración ilegal nos afecta a todos sino también la legal".
"Queremos la máxima armonización de las políticas comunitarias, que nos permita tratar el fenómeno con rigor y evitar la entrada ilegal de inmigrantes, repatriarles en condiciones humanitarias y ajustar la inmigración al mercado laboral. Es lo que ha hecho España y, sin duda, va a ser la política futura de Europa, porque es la que apunta el Libro Verde de la Inmigración".
Igual que España "vigila las fronteras del sur con muchos medios y devolvemos, por ejemplo, a todos los marroquíes (ilegales), igual debe hacer Alemania, Austria o Italia con las personas que vienen por sus fronteras", concluyó.