Gobernadores apoyan construcción de trincheras dentro de las poblaciones amenazadas por la guerrilla. ONU las desaprueba

Varios mandatarios de zonas de orden público coincidieron en que la fuerza pública debe hacer lo que sea necesario para enfrentar a los grupos armados ilegales y defender a la población civil, aunque con todo el cuidado que este tipo de estrategias supone como riesgo.
El Gobernador de Nariño, Eduardo Zúñiga, asegura que es una medida que puede ser de doble filo, pues tanto la población civil necesita protección como la fuerza pública defenderse, por lo que está de acuerdo con la construcción de las barricadas pero se debe evacuar a los ciudadanos de las casas cercanas.
Por su parte la gobernadora del Quindío, Amparo Arbelaez, dijo que "si es para prevenir posibles ataques de la insurgencia, hay que hacerlo, no podemos esperar a que haya una tragedia para tomar medidas. Si la fuerza pública cree que realmente hay un municipio que necesita ese tipo de decisiones hay que hacerlo".
El gobernador del Casanare, Helí Cala López, fue enfático en afirmar que la fuerza pública no puede tener zonas vedadas y que si es a los municipios a los que la guerrilla quiere atacar pues no se puede pensar que la Policía y el Ejército esten lejos de los mismos ciudadanos.
ONU recuerda que el Derecho Internacional Humanitario dispone no abrir trincheras en áreas civiles
El delegado en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michael Frûhling, aludió a la apertura de trincheras por parte de la fuerza pública en calles frente a casas de Toribío, localidad indígena del departamento del Cauca. Toribío, de población principalmente de la etnia Paez, enfrenta desde el pasado 14 de abril el acoso del grupo armado ilegal FARC.
En los ataques han muerto más de veinte personas -entre policías, guerrilleros y civiles, algunos de ellos menores de edad- y decenas de casas y edificaciones públicas han resultado destruidas por el fuego de los rebeldes que lanzan cilindros de gas repletos de metralla.
"Es inaceptable. Nuestra oficina cada vez más repite este aspecto. No pueden seguir este tipo de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)", dijo el diplomático sueco. Añadió que "también sirve para que la fuerza pública tome las medidas indicadas y adecuadas, y tomando mucho cuidado y asegurando que instalaciones, por ejemplo, de tipo militar para defensa, estén conforme lo que dispone el DIH".
"Hay una problemática compleja, donde es muy recomendable y aconsejable seguir lo que dispone el DIH. Los grupos armados ilegales, en este caso las FARC, cometen infracciones graves al DIH", subrayó Frûhling.