Defensoría del pueblo denuncia la grave situación social en Buenaventura

Más de 6.000 habitantes han muerto violentamente en Buenaventura en los últimos cinco años, pero millares han sido lanzados al mar o enterrados clandestinamente sin que se vuelva a saber de ellos.
Así lo reveló un informe especial de la Defensoría del Pueblo ante las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos de Senado y Cámara.
Esas dramáticas cifras valieron para que la clase política, empresarial y dirigente en el Valle del Cauca arreciaran sus críticas contra el Estado, que a través de los recientes gobiernos no vuelve sus ojos al puerto.
Consideran, por ejemplo, que al presidente Alvaro Uribe le ha faltado compromiso con la región al no tomar decisiones de fondo sobre el gran problema social de Buenaventura.
"Es la zona del país que más recursos le entrega a la Nación anualmente con más dos billones de pesos, y no se le revierte equitativamente siquiera para inversión social", denunciaron.
Algunos, entre ellos los diputados del departamento, propusieron inclusive la resistencia civil como mecanismo pacífico de presión para sacar de la crisis al primer puerto marítimo de Colombia.
El presidente Alvaro Uribe, quien tomó medidas de excepción hace sólo 48 horas en esa población, anunció que en dos semanas regresará para ver sus resultados y exigió respuestas de las autoridades.