Scilingo dice que declaró lo que le pidieron

El ex militar argentino Adolfo Scilingo afirmó que la declaración inculpatoria realizada ante el juez Baltasar Garzón en 1997, donde reconoció su participación en dos "vuelos de la muerte", fue "a la carta" e incluso discutida con abogados de las acusaciones a su llegada a Madrid.
"Vine a decir lo que me pidieron, a hacer una declaración a la carta", aseguró Scilingo, quien reiteró que su objetivo era que se investigara lo sucedido con los desaparecidos durante la dictadura argentina (1976-1983) y en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde estuvo destinado durante alrededor de un año en 1977.
A preguntas de su abogado defensor, Fernando Morata López, Scilingo aseguró incluso que cuando vino voluntariamente a España lo hizo con "una chuleta así de gorda, porque era imposible que me acordase de todas las barbaridades que dije".
Si le hubiesen pedido que dijera "tres millones de cosas más, las hubiese dicho", añadió el ex militar, quien declaró que "lo que hice fue copiar y pegar", armar una historia en la que se incluían cosas que sabía y cosas que leyó.
Relató también que cuando en octubre de 1997 vino voluntariamente a España, se reunió antes de declarar ante Garzón con varios abogados de las acusaciones - Virginia Díaz y Enrique Santiago Romero- y que en esas reuniones se estableció "la estrategia que se iba a seguir".
El ex militar precisó que estuvo en la ESMA desde febrero de 1977 a marzo de 1978, y negó una vez más su participación en los dos "vuelos de la muerte" que reconoció ante Garzón.
Añadió que era imposible que lo hiciera en el que se llevó a cabo a mediados de junio de 1977 porque estaba de baja y fue ingresado por un "virus no localizado" en el Hospital Naval Buenos Aires.
Sobre el segundo "vuelo de la muerte", en el que supuestamente participó en la primera quincena de agosto, volvió a decir que estaba de vacaciones y que aportará la documentación que lo demuestre.
Al tiempo, fue rotundo a la hora de rechazar cualquier vinculación con los denominados "grupos operativos" -encargados de luchar contra los insurgentes- que operaban en la ESMA, o con los servicios de inteligencia naval.
Asimismo, negó haber tenido conocimiento del Plan de Seguridad Nacional organizado para luchar contra el "terrorismo".
En su defensa, hizo hincapié en que el Código de Justicia Militar argentino establece que si un subordinado comete un delito al cumplir una orden "el responsable es el que dio la orden" y afirmó que en la Armada rige la obediencia absoluta y ciega al superior.
Finalmente añadió que su pasaje a España fue sufragado por un programa de televisión español y que abogados de la acusación le facilitaron también dinero, mientras que el Gobierno regional de Madrid se hizo cargo de su alojamiento y el Gobierno argentino le asignó unos 781 euros (unos 1.000 dólares al cambio actual) para garantizar su manutención.
El juicio está previsto que continúe con la declaración de los primeros testigos propuestos por las acusaciones que solicitan 6.624 años de cárcel para el ex militar por delitos de genocidio, terrorismo y torturas supuestamente cometidos durante la dictadura argentina.