El Gobierno penaliza ataques de defensores de animales a empresas

Londres.---El Gobierno británico anunció medidas legales para acabar con el "reino del terror" creado por defensores de los animales extremistas que amenazan e intimidan a las empresas que experimentan con seres vivos.
Después de que, esta misma semana, el presidente de la gigante farmacéutica GlaxoSmithKline, Jean-Pierre Garnier, alzara la voz de alarma, con la advertencia de que los ataques de los radicales ponen en peligro la economía, el Ejecutivo ha reaccionado con una serie de medidas que dan más poder a la Policía.
A partir de ahora, protestar de forma amenazante frente a la casa de alguien es un delito, que, entre otras cosas, podrá ser castigado con una orden de alejamiento por tres meses de la vecindad en cuestión.
Además, el Gobierno modificará las leyes de acoso para que no sólo puedan defender a individuos sino también a grupos, en este caso los trabajadores de las compañías que utilizan animales para sus experimentos.
"Con estas medidas queremos acabar con el reino del terror" impuesto por los defensores de los animales, dijo la secretaria de Estado de Interior, Caroline Flint, al presentar los nuevos planes.
"Es totalmente inaceptable que un grupo de criminales extremistas impida que individuos y empresas efectúen actividades legítimas", agregó.
Experimentar con animales está permitido y regulado en el Reino Unido, y sólo está prohibido en el caso de la industria cosmética.
La ciencia y las empresas farmacéuticas, entre otras, pueden probar medicinas en animales, que suelen ser ratones y roedores, peces, perros y gatos y, en menor proporción, primates.
Los grupos radicales de defensa de los animales protagonizan a menudo noticias en la prensa británica por sus campañas de acoso a científicos y trabajadores de esas compañías.
Hace unas semanas, la Universidad de Oxford decidió posponer sus planes de construir un laboratorio de investigación por las amenazas de los radicales, cuyas tácticas incluyen las protestas, el envío de cartas personales y, en algunos casos, actos violentos.
Las quejas de Garnier, que se han sumado a otras de directivos de empresas, han tenido mucho que ver con la decisión del Gobierno de aumentar la represión de estos grupos.
El presidente de la principal farmacéutica británica declaró a la prensa que su personal vive "aterrorizado" por las amenazas y afirmó que las continuas presiones perjudican a la economía, ya que muchas empresas prefieren no invertir en el Reino Unido, donde mucha gente siente verdadera pasión por los animales.
La ministra de Comercio e Industria, Patricia Hewitt, recordó hoy el importante papel de la industria y la necesidad de defenderla.
"Nuestra perspectiva de vida sería más corta y nuestra salud y medio ambiente peores" sin estas empresas -dijo-, que contribuyen "enormemente a la economía y prosperidad" del Reino Unido.
Las medidas gubernamentales incluyen también la creación de una unidad especial de Policía dentro de la Escuadra Nacional contra el Crimen y de un grupo especial de 43 fiscales que trabajarán con los agentes para aplicar las normas.
La oposición conservadora aplaudió la iniciativa del Gobierno e instó a que se aplique "con dureza".
Los defensores de los derechos humanos respondieron con críticas, como Andrew Butler, del grupo Gente para el Tratamiento Etico de los Animales (PETA, en inglés), que acusó al Gobierno de "demonizar" a los activistas y recordó que ya existen leyes que castigan delitos.
Heather James, de la organización Stop Huntingdon Animal Cruelty, señaló que el Gobierno debería centrarse en investigar lo que hacen los laboratorios, en lugar de poner el cepo a los activistas.