Piden anular concesión a compañía minera para trabajar en reserva
La Procuraduría General de Honduras se pronunció a favor de anular una concesión otorgada a la compañía canadiense Maverick para la explorar y explotar oro en una reserva en el parque nacional de Gûisayote", en el oeste hondureño.
Tegucigalpa.--La Procuraduría General de Honduras se pronunció a favor de anular una concesión otorgada a la compañía canadiense Maverick para la explorar y explotar oro en una reserva en el parque nacional de Gûisayote", en el oeste hondureño.El dictámen de la Procuraduría General recomienda "declarar la nulidad absoluta" de la concesión para la explotación de oro en la reserva de El Gûisayote, dijo su titular, Sergio Zavala."Somos del parecer que se proceda a revocar, dejando sin valor y efecto, el contrato de concesión en virtud de los incumplimientos incurridos por la concesionaria", explicó el funcionario.Dijo que durante la investigación se comprobó que la compañía minera violentó algunas de sus obligaciones contractuales, como la modificación del programa de trabajo sin solicitar la autorización correspondiente a las autoridades hondureñas.El fiscal del Medio Ambiente, Mario Chichilla, dijo a EFE que los representantes de Maverick en Honduras han sido notificados de la decisión de la Procuraduría General y que tienen quince días para responder.La empresa no ha hecho comentarios sobre la decisión.La concesión para la explotación minera en esa reserva ecológica fue otorgada por 20 años en 2003 por la Dirección para el Fomento de la Minería (DEFOMIN), una dependencia del Ministerio del Ambiente.La decisión de DEFOMIN fue protestada por pobladores de la comunidad de La Labor, en Ocotepeque, en la frontera con Guatemala, que en abril mantuvieron durante más de 50 horas bloqueado el paso por la principal vía de comunicación del sector.La protesta no se suspendió hasta que el Gobierno ofreció a los pobladores la anulación del contrato a la compañía canadiense.La fiscalía del Ambiente y la Procuraduría del Ambiente también se pronunciaron en su día a favor de anular el contrato.La Segunda Marcha Nacional por la Vida, que concluyó el 30 de junio en Tegucigalpa con la participación de miles de personas, incluyó entre sus planteamientos la anulación de este contrato.
