Preocupa a organismos internacionales ley reduce áreas protegidas

Santo Domingo.--Cuatro Organizaciones ecologistas internacionales expresaron preocupación por un proyecto de ley que implica la reducción de áreas dominicanas protegidas y que "afectará a la integridad de los hábitat marinos" y especies amenazadas.
En una carta enviada al presidente Hipólito Mejía, a la que hoy tuvo acceso EFE, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales del Caribe (NRDC), Fondo Mundial de Vida Silvestre (WWF), Programa paraRepública Dominicana, Meso-América y el Caribe de The Nature Conservancy (TNC) y Conservación Internacional (CI) se muestran "altamente preocupados" ante las propuestas contenidas en el proyecto.
Mejía devolvió el 28 de mayo al Congreso bicameral, con algunas observaciones, la Ley Sectorial de Areas Protegidas, rechazada por organismos nacionales e internacionales que le atribuyen el riesgo de mutilar el Parque Nacional del Este y, también, el Jaragua (suroeste).
Sin embargo, las observaciones introducidas por el gobernante "mantienen cambios" preocupantes en el estatuto de protección de los parques naturales, según la misiva.
El Parque Nacional del Este ha sido propuesto para ser declarado Patrimonio de la Humanidad, mientras que el Jaragua pertenece a la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, designada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en noviembre de 2002.
Según advierten las organizaciones en la carta, fechada en Washington el pasado 23 de junio, "los cambios propuestos para el Parque Nacional del Este socavarán la solicitud que el Gobierno dominicano ha formulado a la UNESCO para designar este parque como Patrimonio de la Humanidad".
Además, el proyecto plantea "serias presiones para la rica y exclusiva biodiversidad" de las áreas protegidas del país.
"Greenpeace" ha asegurado que la red de parques podría ver reducida su extensión en un 50 por ciento en las próximas semanas si se aprueba esa ley.
La Coalición para Defensa de las Areas Protegidas, que agrupa a más de cuarenta organizaciones ha denunciado en diversas ocasiones que la exclusión de áreas de los parques obedece a "intereses privados".
Mientras tanto, aquellos que defienden la aprobación de la ley aluden a la necesidad de desarrollo en esas zonas y de creación de empleos vinculados al turismo, primera fuente de ingresos del país.