Colectivos colombianos piden a UE que apoye acuerdo humanitario

BRUSELAS.---- Colectivos sociales y sindicales colombianos pidieron a la Unión Europea que respalde un acuerdo humanitario en el país para poner fin al secuestro de más de 3 mil personas, retenidas desde hace años por el grupo armado ilegal FARC.
Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada por esa organización en febrero de 2002, instó a la UE a "que pida al presidente de Colombia, Alvaro Uribe, que firme un acuerdo humanitario para liberar a su hija y a las más de 3.000 personas que mantiene retenidas la guerrilla.
Pulecio hizo el llamamiento a la UE en una conferencia organizada en Bruselas por un colectivo de asociaciones civiles y sindicales colombianas que piden al Parlamento Europeo "que no haya más dinero para la guerra y apoye la conciliación nacional a través de la justicia y la reparación de las víctimas".
El foro fue organizado con motivo de la visita que efectúa hoy a Bruselas el presidente de Colombia, durante la que se entrevistará con las autoridades belgas y de la Unión Europea.
Pulecio criticó las reiteradas muestras de "desinterés y desprecio" de Uribe, que "rechaza toda tentativa de humanización del conflicto colombiano" y busca "unificar el acuerdo humanitario al proceso de paz".
La madre de la ex senadora recordó que, entre otras tentativas, "Uribe rechazó un plan de paz de la Iglesia colombiana que había recibido el visto bueno de la guerrilla", de la que dijo "muestra un voluntad negociadora mayor" para alcanzar el acuerdo.
Asimismo Pulecio recordó la falta de independencia de los periodistas en Colombia, ligados a medios de comunicación "como el diario ´El Tiempo´, perteneciente a la familia del vicepresidente Francisco Santos", y en muchos casos amenazados.
Las asociaciones participantes recordaron que el conflicto que vive Colombia ha hecho del país el tercero del mundo, tras el Congo y Sudán, con mayor número de desplazados internos, más de tres millones, y donde un 93 por ciento de los delitos que se cometen quedan impunes.
Según datos de los organizadores, de 44 millones de colombianos, 28 son pobres y 10 viven en la miseria en un país en el que un 2 por ciento de los propietarios poseen un 50 por ciento de la tierra.
La representante de la Central Unitaria de los trabajadores (CUT), Gloria Inés Ramírez, apuntó que la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe realiza un doble juego "al otorgar legitimidad a la protesta social, pero señalando a la vez a los sindicatos por hacer daño al país y a las empresas".
"Uribe deslegitima y criminaliza las protestas" al permitir "las detenciones arbitrarias de los líderes sindicales en varios departamentos", añadió Ramírez, una de los 181 sindicalistas desplazados por el conflicto.
Los participantes criticaron también el creciente apoyo al gobierno de Uribe mostrado, en especial desde el 11-S, por Estados Unidos, país al que pertenecen tres secuestrados, que ahora cumplen un año de cautiverio.