Relator alimentación aboga por derecho al agua potable

GINEBRA.--- El relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, el suizo Jean Ziegler, aboga por la protección del derecho al agua potable en su informe a la Comisión de Derechos Humanos, que se reúne aquí del 17 de marzo al 25 de abril.
Ese llamamiento se formula en víspera de la III Foro Mundial del Agua, que comienza este domingo en Kioto (Japón).
Más de mil millones de personas no tienen actualmente acceso al agua potable, hecho dramático que se suma a la existencia de más de ochocientos millones de hambrientos en el mundo, según ha señalado el propio secretario general de la ONU, Kofi Annan.
El derecho al agua no significa que "haya que regalar el agua a todo el mundo", afirma Ziegler, sino que implica "la obligación de respetar, proteger y hacer realidad" ese derecho.
Los estados deben evitar interferir directa o indirectamente en que los individuos y las comunidades disfruten de ese derecho e impedir también que lo hagan terceros.
Al mismo tiempo, los estados deben tomar medidas para facilitar el disfrute de tal derecho y educar a los ciudadanos sobre el uso higiénico del agua, la protección de las fuentes y los métodos para minimizar el despilfarro.
Muchos tratados internacionales de derechos humanos se refieren a la importancia de proteger el acceso al agua y en el marco de la ley internacional humanitaria se aplican las mismas reglas e idénticos principios al derecho al agua que al que derecho a la alimentación, agrega el relator.
Como ha señalado el Comité Internacional de la Cruz Roja, la destrucción de los recursos hídricos y de los puntos de distribución en los conflictos armados han causado con frecuencia más mortandad que las propias armas.
La protección de los cursos fluviales es esencial ya que los 250 ríos del planeta que cruzan fronteras internacionales proveen de agua a más del 40 por ciento de la población y algunos de ellos se están convirtiendo en fuentes de conflicto, agrega el relator.
Por lo que se refiere concretamente al derecho a la alimentación, el sociólogo Ziegler recuerda que de los 1.200 millones de personas que sufren de extrema pobreza en todo el mundo, un 75 por ciento vive y trabaja en las zonas rurales.
Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el número de personas que sufren de malnutrición en todo el mundo se eleva a 840 millones: 799 millones en países en desarrollo, 30 millones en economías en transición y 11 millones en países industrializados.
Más de dos mil millones de personas sufren de "hambre oculta", derivadas del escaso y desequilibrado consumo de alimentos, que provoca malformaciones, deficiencias inmunológicas y subdesarrollo de sus capacidades intelectuales, afirma Ziegler.
Todo ello resulta paradójico en un mundo que, según la propia ONU, produce ya alimentos más que suficientes para alimentar a toda la población del planeta.
Lo mismo que ocurre con el agua, el derecho a la alimentación no significa que haya que entregar comida gratuitamente a todo el mundo, sino que los gobiernos deben respetar, proteger y garantizar la realización de ese derecho.
Así, deben proteger a sus ciudadanos contra las violaciones del mismo por otros actores, facilitar ese derecho creando un entorno favorable - reforma agraria, fomento del empleo - y alimentar a los ciudadanos que no puedan hacerlo por sí mismos mediante programas sociales y otros.
Los estados deben asimismo desistir de acciones que puedan afectar negativamente al derecho a la alimentación en otros países como los embargos u otras medidas similares que pongan en peligro las condiciones de producción y el acceso a los alimentos en otros países.
En ese sentido, Ziegler señala que el viejo embargo unilateral de EEUU contra Cuba viola la declaración de Viena de 1993 según la cual "los alimentos no deberían usarse nunca como instrumento de presión política".
Según Ziegler, las obligaciones de los estados de garantizar el derecho a la alimentación deberían extenderse también a las organizaciones internacionales y actores privados, incluidas las empresas multinacionales.
Las organizaciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deberían también tener en cuenta en sus políticas y programas el derecho a la alimentación, señala el relator en su informe.
Por otro lado, los gobiernos tienen la clara obligación de regular las actividades de las empresas (tanto en sus propios países como en otros en el caso de las transnacionales) mediante la protección de ese derecho.