EPA decide embriones animales y humanos no pueden ser patentados

BERLIN.--- La Oficina Europea de Patentes (EPA), con sede en Múnich, revocó, por motivos éticos, la polémica patente "EP 695 351" en sus aspectos fundamentales, al excluir entre sus objetos a los embriones animales y humanos.
La EPA concedió en diciembre de 1999 esa patente, identificada como "de aislamiento, selección y reproducción de células madre animales transgénicas", a la Universidad de Edimburgo, que había firmado un contrato en exclusiva con la empresa australiana Stem Cell Sciences (SCS) para utilizarla.
La organización ecologista Greenpeace descubrió la concesión en febrero de 2000 y su denuncia desató una ola de protestas en toda Europa, mientras la propia EPA reconocía haber cometido "un grave error" y prometía revisar el caso.
Puesto que en la citada denominación sólo se habla de "células animales", los examinadores de Múnich habían pasado por alto que la solicitud incluía células madre de embriones humanos y la aprobaron.
La oficina se vio obligada a revisar esa concesión cuando poco después empezó a recibir recursos formales presentados por un total de catorce entidades, entre ellas los gobiernos de Alemania, Italia y Holanda, la comunidad científica alemana, partidos políticos y organizaciones religiosas.
La EPA empezó a examinar esos recursos el pasado lunes y decidió hoy eliminar aspectos fundamentales de la patente, con la que sus beneficiarios querían obtener células madre embrionarias animales y humanas para después cultivarlas, procedimiento que, al menos sobre el papel, permitiría la "fabricación" de seres humanos.
Así, la patente abarcará sólo las células humanas que no procedan de embriones, que no permiten desarrollar el procedimiento descrito.
Greenpeace fue el primero de los querellantes que reaccionó a la noticia y difundió una nota en la que considera la decisión de la EPA como un triunfo para la organización y para el resto de instituciones que manifestaron su oposición a la patente.
Volker Beck, portavoz político de Los Verdes, otra de las partes querellantes, señaló hoy que "la dignidad del hombre prohíbe someter la vida humana a una valoración comercial" y recuerda que "la ley de protección de embriones rechaza de manera clara esas intenciones".
Los examinadores de la EPA retiraron las células embrionarias humanas y animales de la lista de objetos de la patente en parte por los motivos éticos sobre los que llamaron la atención los querellantes, pero también con el argumento de que gran parte de lo que se pretendía hacer con ella no es técnicamente viable.
Además, la valoración comercial de embriones humanos está prohibida por una directiva de la Unión Europea (UE) que, sin embargo, "no es suficiente para evitar que en el futuro se patenten embriones humanos", advirtió en Múnich Christoph Then, experto de Greenpeace en patentes y tecnología genética.
"La directiva europea debería prohibir expresamente y de una manera que evitara malentendidos las patentes sobre embriones, partes del cuerpo humano, seres vivos y genes. De lo contrario, las cuestiones éticas quedan en manos de la arbitrariedad de los examinadores de cada una de las patentes", explicó.
Greenpeace denunció que hay "más de una docena" de nuevas solicitudes de aprobación que la EPA debe examinar, entre ellas varias de la citada universidad escocesa, y que también incluyen entre sus objetos a los embriones humanos.
La ministra alemana de Justicia, Herta Daubler-Gmelin, cuyo departamento es otro de los querellantes, había manifestado que "debe quedar del todo claro que todo lo que se refiera a los seres humanos debe quedar excluido de la patente".
El objetivo del Ministerio de Justicia alemán, como el de Greenpeace y de países como Francia, es prohibir las patentes sobre tejidos vivos.
La EPA, que tiene delegaciones en La Haya, Berlín y Viena, atiende cada año recursos contra un seis por ciento de las patentes que tramita, y es controlada por un consejo formado por representantes de los veinte países que la conforman.
Esta oficina supranacional es como un "estado dentro del estado", pues sus alrededor de 5.000 trabajadores -2.400 de los cuales están en la central muniquesa- gozan de inmunidad de modo que, por ejemplo, no pagan impuesto sobre la renta y ningún abogado o policía puede penetrar en el edificio sin autorización de la casa.