SIP advierte peligro de libertad de prensa en Colombia y Panamá

Miami (EEUU).---La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), calificó como un retroceso para la libertad de prensa la aprobación en Colombia y el análisis en Panamá, respectivamente, de proyectos de ley que buscan regular el ejercicio del periodismo.
Sin embargo Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, con sede en Miami, se mostró optimista de que el nuevo Congreso colombiano que asumirá a partir del 20 de julio dejará de lado esta iniciativa de ley.
Molina, quien además es director de la revista "Ahora" de República Dominicana, dijo que "Colombia, la democracia más antigua de Latinoamérica, no puede estar borrando todos los avances en materia de libertad de prensa que se han conseguido hasta ahora, y mucho menos en un tema como la ´idoneidad periodística".
La Cámara de Representantes colombiana aprobó el 20 de junio un proyecto de ley que reglamenta la actividad del periodismo y entre otras atribuciones crea un Consejo Nacional de Periodismo que está facultado para expedir un "certificado de idoneidad a quienes ejercen la actividad profesional de periodista".
A este Consejo se le atribuye además "servir de órgano consultivo del Gobierno Nacional" y "expedir normas de ética profesional de la comunicación social".
Molina dijo que la "idoneidad periodística" y la entrega de un carné profesional por parte de un Consejo Nacional de Periodismo "no es otra cosa que retroceder" a la figura de la "colegiación obligatoria" que fue anulada en Colombia el 18 de marzo de 1998 por la Corte Constitucional.
La SIP también criticó y calificó de discriminatorio un proyecto de ley similar que se analiza en Panamá y que crea un Consejo Superior de Periodismo que establece la obligación de poseer título universitario para ejercer esa profesión y crea normas de ética.
Tal como sucede en Colombia, en Panamá también se habían derogado los requisitos de la Ley 55 de diciembre de 1999 que contemplaba una junta técnica que se encargaba de expedir certificados para el ejercicio del periodismo, por lo que la SIP insistió en el "retroceso en materia de libertad de prensa".
Para la SIP, la injerencia oficial o del Estado para regular la libertad de prensa es más violación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 que consigna que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión".
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.