ONG de EEUU exige la suspensión de fumigaciones de cocales

BOGOTA.---- La organización no gubernamental (ONG) estadounidense Witness for Peace (Acción Permanente por la Paz) exigió en Bogotá al gobierno de su país que suspenda de forma inmediata la fumigación aérea de cocales en el departamento colombiano del Putumayo.
Esas fumigaciones han causado, al parecer, la muerte de cuatro niños, casos que se añaden a los "cientos de efectos en la salud humana" registrados hace un año, denunció la ONG en un informe remitido a la embajadora norteamericana en Colombia, Anne Patterson.
El documento fue divulgado a los periodistas a las afueras de la legación diplomática por Jesús Hunter y Andrew Schwiebert, activistas de Witness for Peace, creada hace 18 años, que reúne a unos 20.000 estadounidenses y que en 2000 abrió una oficina en Bogotá.
Hunter dijo que la ONG realizó del 17 al 23 de noviembre pasado una visita al Putumayo para investigar los efectos de la segunda fase de la campaña de fumigación de cocales en el Putumayo que los gobiernos estadounidense y colombiano lanzaron el día 13 del mismo mes en esa región de la frontera sur con Ecuador y Perú.
El viaje ha sido el más reciente de una decena de desplazamientos de trabajo similares que Witness for Peace ha efectuado durante 2001 a ese departamento, que, según las autoridades de los dos países, concentraba en 2000 poco más de la mitad de las 122.000 hectáreas sembradas de matas de coca que existían en esa época.
La erradicación de esas plantaciones es central en el llamado Plan Colombia, iniciativa antidrogas del presidente colombiano, Andrés Pastrana, a la que Washington aportó 1.300 millones de dólares, fundamentalmente en asistencia militar.
Cerca de 30.000 hectáreas fueron fumigadas de diciembre de 2000 a febrero de 2001, en la primera fase de la erradicación aérea en el Putumayo.
La segunda etapa de la campaña se ha centrado en el Valle del Guamues, región selvática con varias poblaciones.
Los activistas aseguraron que en esta nueva fase han sido fumigadas aldeas de campesinos que firmaron con el Gobierno pactos en los que se comprometían a la eliminación manual de cocales y que, en consecuencia, entraron en programas de desarrollo alternativo.
Las fumigaciones destruyeron cultivos sustitutos y de subsistencia, y también fueron dirigidas contra plantaciones de hoja de coca menores a las dos hectáreas, que, según las disposiciones colombianas, no pueden ser destruidas mediante la aspersión aérea, dijo Hunter.
Hunter dijo que la ONG le ha exigido de forma enérgica al gobierno de su país que suspenda inmediatamente las fumigaciones en el Putumayo hasta que un estudio serio e independiente establezca los efectos del herbicida en la salud humana y Colombia cumpla con las leyes locales y los pactos que firmó con los pequeños cocaleros.