Fuertes críticas de la ONU a Colombia por situación interna

GINEBRA.--- El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó hoy su preocupación por el número creciente de desplazados internos en el país andino así como por la ocupación de tierras tradicionales de los indígenas por compañías mineras, madereras y petroleras.
En sus conclusiones, hechas públicas en Ginebra, el Comité señala que los desplazados pertenecen sobre todo a los grupos más marginados de la población, en especial mujeres y niños, así como campesinos y miembros de la comunidad indígena afrocolombiana.
Al mismo tiempo, expresa inquietud por las consecuencias negativas del plan Colombia de erradicación de cultivos ilícitos ya que ha originado más desplazamientos internos entre los grupos de población afectados por esas medidas.
También critica el que las tierras tradicionales de los pueblos indígenas las hayan reducido u ocupado, sin su consentimiento, compañías dedicadas a la explotación de la madera, a la minería o a la extracción de petróleo a expensas del ejercicio de la cultura de aquellos o del equilibrio del ecosistema.
Por otro lado, denuncia que la igualdad de sexos no ha progresado, sino más bien ha retrocedido desde 1997, con lo que muchas mujeres de ese país se han visto más expuestas al empobrecimiento general de la población.
En ese sentido critica el que la Oficina para la Igualdad de la Mujer, que se creó como institución autónoma en el ámbito financiero y administrativo, haya perdido su autonomía y haya visto reducido su presupuesto.
El Comité expresa su preocupación por el rápido crecimiento del índice de desempleo, que afecta sobre todo a jóvenes y mujeres, así como por el hecho de que el salario nacional mínimo no basta para garantizarles un nivel de vida decente a los trabajadores y a sus familias y denuncia que las mujeres cobran incluso un 25 por ciento menos que los hombres por término medio.
Inquieta asimismo al Comité la seguridad personal de los trabajadores y particularmente de los representantes sindicales, que corren un elevado riesgo de sufrir violencia política e incluso de ser asesinados: más de 1.500 sindicalistas fueron muertos entre 1991 y 2001, con frecuencia por el solo hecho de su afiliación.
También se critica la persistencia del trabajo de menores en Colombia a pesar de las medidas adoptadas por ese país para resolver el problema y expresa su preocupación por el hecho de que Bogotá no haya ratificado la convención de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), que prohíbe las "peores formas de trabajo infantil".
Otras preocupaciones del comité son el alto número de menores que viven en la calle y de niños afectados por el conflicto armado cuando no obligados a participar directamente en los combates, la reducción de las ayudas de vivienda y la falta de una auténtica reforma agraria que tenga en cuenta los problemas de pobreza y desigualdad en las zonas rurales.
También muestra su inquietud por el aumento de abortos ilegales y el alto índice de mortalidad infantil, sobre todo en las zonas rurales, la reducción de los programas de vacunación y del dinero que el Estado gasta en atención sanitaria de la población y las tasas que tienen que pagar a veces los padres por la educación de sus hijos, que es en principio gratuita.
En sus recomendaciones, el Comité insta a Colombia a corregir todos esos graves problemas de acuerdo con sus obligaciones como Estado firmante de la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
De modo particular insta al Gobierno a tomar "medidas eficaces" para evitar el desplazamiento de personas y a consultar y buscar el consentimiento de los pueblos indígenas antes de permitir proyectos mineros o de otro tipo que afectan a sus vidas.
También exhorta a las autoridades a garantizar la independencia de la Oficina Consultiva Presidencial sobre la Igualdad de la Mujer mediante las oportunas medidas legislativas y financieras, así como a trabajar en pro de la reducción de los altos niveles de desempleo, sobre todo entre los jóvenes, y a asegurar que el salario mínimo garantiza a trabajadores y familias un nivel de vida decente.
Otras recomendaciones son tomar medidas eficaces que garanticen la seguridad personal de los representantes sindicales, juzgar y condenar a los responsables de los asesinatos de sindicalistas y compensar adecuadamente a las familias de las víctimas, y dedicar más dinero público al sistema de salud.
Asimismo se insta al Gobierno a acabar con el fenómeno de los niños sin hogar, de los niños obligados a tomar las armas y de los menores explotados como fuerza de trabajo, cuidando de que se cumplen las leyes, a la vez que le pide ratificar la Convención de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil.