Destituyen a 70 efectivos de las Fuerzas Armadas de Colombia

BOGOTA.---- El Ministerio de Defensa de Colombia destituyó a 70 efectivos de las fuerzas militares, en la segunda purga que realiza desde octubre de 2000, basándose en una facultad discrecional que le otorgó el gobierno.
Las fuerzas militares colombianas, acusadas por grupos internacionales como Human Rights Watch de tener uno de los peores expedientes de violaciones a los derechos humanos en el hemisferio, realizan una campaña de depuración en sus filas.
La decisión se anunció antes de conocerse un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en este país de 40 millones de habitantes, agobiado por un conflicto interno de 37 años que dejó 35.000 civiles muertos en la última década.
En octubre fueron destituidos 388 miembros de las fuerzas militares por acusaciones de violaciones a los derechos humanos y sospechas de tener vínculos con los ilegales escuadrones paramilitares de ultraderecha.
"Esta decisión forma parte de la puesta en marcha del plan de fortalecimiento institucional que viene implementando el Ministerio de Defensa a través de la aplicación del nuevo régimen de carrera para oficiales y suboficiales de las fuerzas militares", dijo un comunicado.
El informe no suministró detalles sobre la destitución de los 70 militares --20 oficiales y 50 suboficiales--, la mayoría del ejército y, en menor proporción, de la Fuerza Aérea y la Marina.
El gobierno de Colombia rechazó el martes el informe de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el país y lo calificó de "inexacto e impreciso".
El informe de la ONU aseguró que el gobierno de Colombia ha sido "débil e inconsistente" en la lucha contra los grupos paramilitares.
Esos grupos, acusados de cometer las mayores violaciones a los derechos humanos en medio de su "guerra sucia" contra la guerrilla, son señalados por recibir el apoyo de algunos miembros de las fuerzas de seguridad.
Dirigidos por Carlos Castaño, un antiguo guía del ejército, los paramilitares están agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y cuentan con un ejército de 8.000 combatientes que se financia con aporte de ganaderos, hacendados, comerciantes y narcotraficantes perseguidos por la guerrilla.
El gobierno del presidente Andrés Pastrana ordenó a las fuerzas de seguridad combatir a esos escuadrones ilegales y sancionó una ley que permite juzgar a militares por cortes civiles.
Los militares gozaban anteriormente de un fuero especial que impedía que los tribunales civiles los sometieran a juicio en el fuero civil.
Las fuerzas militares son foco de la atención de Estados Unidos, que apoya con 1.000 millones de dólares el Plan Colombia, una estrategia para combatir el narcotráfico en las selvas del sur del país sudamericano, controladas por la guerrilla.
La ayuda, principalmente militar, está condicionada a una estricta vigilancia al tema de los derechos humanos de los integrantes del ejército.